El Gobierno envió al Senado el proyecto de reforma laboral que será debatido durante las sesiones extraordinarias y que introduce cambios estructurales en el sistema vigente. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, apunta a reducir litigiosidad, incentivar la contratación privada y avanzar en la formalización de trabajadores que hoy permanecen en la economía informal.

Según fuentes oficiales que participaron de la redacción, el texto responde a cuatro ejes centrales: generar empleo registrado, mejorar salarios, limitar la “industria del juicio” y reducir cargas tributarias para aumentar la productividad. El diagnóstico oficial acredita que el marco laboral vigente perjudica especialmente a jóvenes y trabajadores informales, un universo que representa cerca del 50% de la actividad económica.

El foco en el empleo registrado y en los incentivos para contratar

Para el Ejecutivo, la estructura actual frena la expansión del empleo privado formal, estancado desde hace más de una década. Por eso, el proyecto incorpora cambios en contratos, cargas patronales, convenios colectivos y mecanismos de desvinculación, buscando que las empresas, en especial las PyMEs, tengan condiciones más razonables para contratar.

Uno de los instrumentos centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema destinado a cubrir el costo de las indemnizaciones en casos de despido. El Gobierno lo presenta como una herramienta que evita la quiebra de pequeñas empresas que no pueden afrontar pagos elevados cuando deben reducir personal.

Cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral

El FAL se financiará con una contribución mensual del 3% sobre la remuneración computable para aportes patronales al SIPA. Las empresas deberán depositar ese monto en una entidad administradora “habilitada por la CNV”, aunque todavía no está definida la regulación sobre inversiones.

El Gobierno adelanta que la reglamentación establecerá límites estrictos: los fondos no podrán invertirse en activos vinculados a las propias administradoras y deberán generar rendimiento para evitar pérdida de valor real. Además, remarcan que el esquema tiene “costo cero para empleadores y empleados”, ya que reemplaza al sistema actual de indemnizaciones sin agregar cargas adicionales.

La tensión con los sindicatos y los cambios en los recibos de sueldo

Uno de los puntos que más inquieta a la CGT —que participó de reuniones semanales con la Secretaría de Trabajo durante la redacción del proyecto— es la pérdida de poder en sus mecanismos de financiamiento. Aunque no se modificaron las cuotas solidarias, sí se eliminará la obligación de que las empresas funcionen como agente de retención de las afiliaciones sindicales.

A partir de ahora, esa retención solo será posible con consentimiento del trabajador y acuerdo explícito entre las partes, lo que obligará a los gremios a desarrollar sus propios sistemas de cobro. Para el Gobierno, esto implica “transparencia y autonomía”, en una estructura donde los sindicatos durante décadas operaron con mecanismos de recaudación automática.

Lo que surgió del diálogo entre el Gobierno y la CGT

Las conversaciones entre funcionarios y la central obrera incluyeron la intervención de Julio Cordero, Federico Sturzenegger y María Ibarzábal Murphy, quienes discutieron borradores y artículos clave. Aunque hubo coincidencias en algunos tramos, las diferencias políticas y los intereses de los gremios trabaron consensos amplios.

Sin embargo, el oficialismo sostiene que los cambios son necesarios: “Hay cosas que no se pueden seguir prorrogando”, explicaron fuentes del Ejecutivo. La reforma apunta, de hecho, a disminuir la injerencia sindical en áreas donde históricamente mantuvieron poder de veto.

Ajustes en el sistema judicial laboral

Otro eje central es la clarificación de criterios en la Justicia. El proyecto establece que el aguinaldo no integrará el cálculo indemnizatorio, una definición que busca terminar con fallos contradictorios en distintas jurisdicciones. La medida fue avalada por el exjuez laboral Guillermo Comadira, consultado por el Gobierno.

Asimismo, se incluye un artículo para reforzar el traspaso de los fueros laborales de Nación a CABA, una transición que venía demorada y que busca unificar procedimientos para reducir litigios.

Por qué el Gobierno cree que la reforma puede aumentar la formalización

Para el Ejecutivo, el nuevo sistema generará previsibilidad para las empresas y reducirá costos asociados a conflictos judiciales. La expectativa oficial es que, al disminuir la incertidumbre, aumente la registración laboral y, con ella, la recaudación del Estado. Ese proceso también habilitaría avanzar luego en una reforma previsional más amplia.

Sin embargo, aún no hay estimaciones cuantitativas sobre cuántos trabajadores podrían salir de la informalidad. “No queremos dar cifras que después no se cumplan”, explicaron desde Casa Rosada, aunque insistieron en que la reforma “mejorará los incentivos para contratar”.