La investigación por el ataque contra la sede de Artear, donde funciona el canal TN, quedó finalmente en manos de la Justicia Federal. La causa fue derivada tras determinarse que los hechos encuadran en el delito de intimidación pública, una figura que corresponde al fuero federal y que modifica el alcance de la pesquisa.

El episodio ocurrió el 10 de junio, pocas horas después de la condena a seis años de prisión por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner y de la ratificación de su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ese día, un grupo de militantes kirchneristas se concentró frente al domicilio de la exmandataria y, luego, parte de los presentes se desplazó hacia el edificio de Artear en Constitución, donde se registraron daños, pintadas y roturas en autos, vitrinas y puertas.

Cambio de fuero y los argumentos del juez

Según reveló TN, el fiscal porteño Andrés Scanga llevaba adelante la causa hasta que el juez competente resolvió trasladarla a la órbita federal. El argumento principal fue que la actitud de los tres imputados —y de otras personas aún bajo investigación— configuraría el delito de intimidación pública, una figura que excede la competencia de la justicia de la Ciudad.

La decisión abrió paso a una nueva etapa en la investigación, que ahora incluye líneas sobre posibles conexiones políticas y la coordinación de los grupos que participaron de la agresión.

Nuevos datos del informe judicial

Un reporte del Centro de Información Judicial (CIJ) incorporó elementos que vinculan a los imputados con dirigentes y militantes de La Cámpora, así como con otros sectores alineados al kirchnerismo. El análisis de comunicaciones telefónicas, entre las 19.50 y las 23.54 del mismo 10 de junio, permitió reconstruir contactos entre los seis sospechosos y referentes locales de Tres de Febrero.

Entre los identificados se encuentran Alberto Alejandro Grasso Rivaldi —detenido en el lugar del hecho—, Pablo Daniel Giles, Matías Sebastián Federici, José Lepere, Rubén Ezequiel Pavón y Facundo Nazareno Lococo. Todos ellos mantuvieron comunicaciones con concejales y militantes del mismo distrito durante el lapso en que se produjo el ataque.

Referentes políticos señalados en la investigación

El informe destaca el nombre de Juan Agustín Debandi, concejal de Tres de Febrero, integrante de La Cámpora y exvicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). También figura Santiago Ezequiel Gambarte, militante de la misma agrupación y estudiante de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Además, se registraron intercambios con Paula Benítez, empleada de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense, quien habría estado en contacto con varios de los sospechosos durante la noche del incidente.

Otros involucrados bajo análisis

La lista de señalados se amplía con nombres como el de Ángel “Pachu” Pereyra, exempleado del Renaper, candidato del peronismo y también estudiante de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. A él se suma Melisa Escandar, empleada de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

El informe del CIJ sostiene que todos los involucrados se encontraban, además, dentro de un radio de cuatro cuadras de la sede de Artear durante el ataque, una coincidencia que refuerza la pesquisa sobre una posible organización previa.