Una investigación por corrupción volvió a sacudir al gobierno de Pedro Sánchez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil allanó el pasado viernes la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el marco de una causa que investiga una presunta red de coimas ligadas a la adjudicación de obras públicas. La pesquisa también incluye denuncias por presunto uso de prostitución y financiamiento ilegal del partido.

El operativo ordenado por el Tribunal Supremo apuntó contra dos dirigentes clave del oficialismo: el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Ambos están acusados de haber armado una estructura paralela para direccionar contratos y repartirse sobornos junto al asesor personal de Ábalos, Koldo García.

Los contratos bajo sospecha

Durante la jornada, los oficiales secuestraron documentación y clonaron correos electrónicos oficiales. También ingresaron al Ministerio de Transportes, a la Dirección General de Carreteras y a la oficina de la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias.

Según el expediente, una de las obras bajo la lupa es la ampliación del puente del Quinto Centenario, en Sevilla. El presupuesto original era de 71 millones de euros, pero se habría ampliado hasta los 103 millones mediante pagos irregulares. En total, la investigación ya involucra más de 400 cuentas bancarias dentro y fuera de España.

Además, el juez imputó a representantes de empresas como Acciona, Servinabar, Obras Públicas y Regadíos (OPR), y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), señaladas por supuestos pagos ilegales a funcionarios del PSOE.

Felipe González pidió una convocatoria del partido

Consultado por el diario Clarín, el expresidente Felipe González fue tajante al ser preguntado sobre si Sánchez debía renunciar: «Tiene que convocarnos». La frase fue pronunciada a la salida de un acto en el Museo Thyssen-Bornemisza, donde participó de un debate junto a Lech Walesa y Luis Almagro.

Mientras tanto, Sánchez suspendió toda actividad pública este viernes y solo recibió en la residencia de La Moncloa a Salvador Illa, actual presidente catalán. En su última aparición, el miércoles en el Congreso, rechazó la posibilidad de adelantar las elecciones y acusó al Partido Popular de estar detrás de los escándalos.

A la presión política se sumó el testimonio de Claudia Montes, modelo y ex Miss Asturias, quien reveló que Sánchez estaría al tanto de otros hechos comprometidos aún no revelados. Montes trabajó en una filial de Renfe durante la gestión de Ábalos y recibió pagos mensuales de 1.300 euros entre 2019 y 2020. En 2023 intentó sin éxito ingresar al Congreso como candidata del PSOE.

«Pedro sabe que hay más, y que va a salir más», afirmó en una entrevista televisiva. Negó haber ejercido la prostitución y cualquier vínculo sentimental con el exministro, aunque sus dichos intensificaron la polémica en torno al escándalo.