El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, presentó por primera vez un descargo escrito ante el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la investigación por presunto pago de coimas y direccionamiento en compras de medicamentos de alto costo. En su declaración negó todas las acusaciones, apuntó contra otras áreas del organismo y explicó por qué tenía en su domicilio una máquina de contar dinero.

En el escrito también insistió en que los audios donde supuestamente habla de sobornos serían “falsos” y estarían manipulados mediante inteligencia artificial. La presentación se realizó luego de que, en su indagatoria anterior, se negara a responder preguntas del fiscal Franco Picardi.

Spagnuolo rechazó la imputación y apuntó al área técnica

En su descargo, el ex funcionario aseguró: “Niego categóricamente haber intervenido, participado, promovido, facilitado o permitido cualquier irregularidad en los procedimientos de contratación de ANDIS”. Sostuvo que la acusación lo responsabiliza por funciones que, según él, nunca estuvieron bajo su órbita.

Acompañado por sus abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, afirmó que no seleccionaba proveedores ni evaluaba precios, y que tampoco tenía acceso al sistema SIIPFIS ni participaba de la adjudicación de prestaciones del Programa Federal Incluir Salud. Defendió que esas decisiones recaían exclusivamente en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, cuyo titular —Daniel Garbellini— no había sido designado por él.

Señalamientos internos y defensa sobre su rol

Según la acusación fiscal, Spagnuolo habría creado un circuito paralelo para favorecer a determinadas droguerías mediante compulsas irregulares, pero el ex titular del organismo lo negó: “Pretender que actuaba bajo mis órdenes carece de todo sustento y sólo evidencia el intento de forzar una cadena de mando inexistente”.

También rechazó haber manipulado procesos administrativos o haber entregado claves del sistema. Para él, la hipótesis de la Fiscalía es “materialmente imposible” según el organigrama vigente.

Una máquina de contar billetes y el origen de sus bienes

Uno de los puntos más sensibles del caso apareció durante los allanamientos, cuando se halló una máquina de contar dinero en su vivienda. En el escrito, Spagnuolo explicó que la adquirió en mayo de 2022, cuando trabajaba en la Asociación Civil Cooperadora del Sistema de Salud Malvinas Argentinas y debía contabilizar frecuentemente recaudaciones de baja denominación.

Aseguró que el cambio de funciones dejó la máquina a la espera de ser retirada por personal de la entidad, lo que, según él, nunca ocurrió. También sostuvo que el dinero encontrado en una caja de seguridad estaba declarado y no provenía de actividades ilícitas.

Obras en su casa y patrimonio declarado

El ex funcionario rechazó versiones sobre refacciones costosas en su domicilio. Dijo que se trató de una modificación menor en la galería, financiada con ingresos legítimos obtenidos en tres décadas de actividad profesional. Sobre una construcción en un lote del country Altos de Campo Grande, sostuvo que la Fiscalía exageró la magnitud de la obra.

Audios, supuestos sobornos y sospechas de manipulación

Sobre los audios que originaron buena parte de la investigación, Spagnuolo volvió a sostener que fueron editados con inteligencia artificial. “Afirmar que no fueron valorados por la fiscalía y el juzgado es tan absurdo como pretender tapar el sol con la mano”, cuestionó, y pidió que se determine su origen y legitimidad, tal como ordenó la Cámara Federal porteña.

Para él, toda la causa se sostiene sobre esos registros, mientras que los investigadores afirman que existe prueba independiente que avala la sospecha de direccionamiento de compras.

La acusación: asociación ilícita y direccionamiento de contratos

La Justicia lo investiga como presunto jefe u organizador de una asociación ilícita junto al ex director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini. Y los operadores externos Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete. Se los acusa de direccionar contrataciones millonarias hacia cuatro droguerías a través de compulsas ilegales y con sobreprecios. Afectando así fondos destinados a prestaciones esenciales para personas sin cobertura médica.

El expediente ya sumó quince indagatorias. El juez Casanello dispuso cuatro más para el 18 y 19 de diciembre, entre ellas la de Ornella Calvete, hija de Calvete. Y donde se hallaron US$700.000 durante un allanamiento.