El Gobierno comenzó a seguir con mayor atención el impacto que tienen sobre la economía argentina las tasas internacionales elevadas y el encarecimiento de la energía. Dentro del equipo económico admiten que ambos factores pueden reducir el ritmo de crecimiento y dificultar una recuperación más rápida del crédito y los salarios. Ese escenario se combina con datos locales que mostraron una pérdida de dinamismo de la actividad durante el tercer trimestre.

El INDEC informó que el Estimador Mensual de Actividad Económica cayó 2,9% en julio frente al mes anterior y 1,4% en la comparación interanual. El componente tendencia-ciclo, sin embargo, avanzó 0,2%, indicador utilizado por el Gobierno para sostener que la economía atraviesa una desaceleración y no una contracción generalizada. Javier Milei defendió esa interpretación y rechazó modificar el rumbo fiscal o monetario.

Energía y tasas internacionales, los dos factores bajo seguimiento

Uno de los principales focos está puesto en el aumento de los costos energéticos internacionales. Desde el Gobierno destacan que el crecimiento de las exportaciones de petróleo y los futuros proyectos de gas natural licuado funcionan como una cobertura parcial, aunque reconocen que una suba de la energía también impacta sobre consumidores, empresas y subsidios. Durante agosto, las transferencias económicas aumentaron en un contexto de mayores costos de generación eléctrica.

Las tasas internacionales constituyen el otro frente que preocupa al equipo económico. Un costo del dinero elevado encarece el financiamiento para empresas y para el propio Estado, especialmente en una economía con riesgo país alto. Pese a ese escenario, el Ministerio de Economía mantiene una posición restrictiva y rechaza una inyección adicional de pesos para impulsar la actividad.

Dentro del oficialismo surgieron, sin embargo, posiciones que plantean la conveniencia de una política monetaria algo menos dura. El equipo conducido por Luis Caputo sostiene que la prioridad debe seguir siendo reducir la inflación y recomponer el balance del Banco Central. Esa diferencia todavía no derivó en un cambio concreto del programa económico.

Discapacidad abrió una nueva disputa dentro del oficialismo

Las tensiones también alcanzaron la discusión presupuestaria. Durante septiembre, las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de Diputados avanzaron con un proyecto para extender hasta fines de 2027 la emergencia nacional en discapacidad y luego emitieron un dictamen de mayoría con modificaciones. La propuesta generó diferencias entre el sector económico y referentes políticos de La Libertad Avanza.

Desde el entorno de Caputo cuestionaron el costo fiscal de algunos acuerdos alcanzados en Diputados, mientras dirigentes vinculados con Karina Milei y Martín Menem defendieron la necesidad de sostener compromisos con bloques aliados. La discusión expuso una diferencia más amplia sobre cuánto margen debe tener la negociación política frente a las restricciones presupuestarias. El conflicto se produjo mientras el Gobierno intenta conseguir apoyos legislativos para otras reformas previstas durante 2027.

En paralelo, Pablo Di Liscia asumió la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad después de la salida de Alejandro Vilches. El cambio se produjo mientras continuaban las discusiones por las pensiones no contributivas, las auditorías y el financiamiento del sistema. La gestión del área quedó así vinculada también a una disputa interna sobre el alcance del gasto y los acuerdos parlamentarios.

El Gobierno busca ampliar acuerdos para su agenda legislativa

La Casa Rosada también comenzó a trabajar sobre una estrategia de alianzas más amplia con gobernadores y sectores ubicados desde el centro hacia la derecha. El objetivo es reunir los votos necesarios para reformas políticas y otros proyectos que necesitarán respaldo de bloques aliados. Dentro de La Libertad Avanza consideran que la construcción de esos acuerdos será determinante para sostener la agenda oficial durante 2027.

La combinación de menor crecimiento, condiciones internacionales más adversas y diferencias dentro del oficialismo agrega presión sobre la estrategia del Gobierno. El equipo económico mantiene como prioridad el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación, mientras el ala política busca preservar acuerdos que permitan avanzar en el Congreso. El resultado de esa convivencia condicionará tanto la respuesta a la desaceleración como la aprobación del Presupuesto 2027 y de las reformas que el Ejecutivo pretende impulsar.