Argentina ocupa un papel central en la elaboración de una futura Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores. El país fue pionero en reclamar un instrumento específico de protección en 1948 y mantuvo esa posición durante distintas gestiones. Ese recorrido explica que actualmente presida el grupo encargado de redactar el tratado internacional.

La propuesta argentina surgió pocos meses después de la creación de la ONU, cuando presentó un «decálogo de derechos de los ancianos». Aunque en aquel momento la prioridad fue aprobar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el reclamo continuó reapareciendo en las décadas siguientes. Según la especialista María Isolina Dabove, esa continuidad convirtió al país en una referencia frecuente cuando se discuten políticas internacionales sobre envejecimiento.

Un proceso que lleva décadas

La discusión avanzó gradualmente mediante distintos documentos internacionales. En 1982 se aprobó el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento y en 1991 Naciones Unidas estableció principios vinculados con independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. En 2002, el Plan de Acción de Madrid profundizó el enfoque de derechos y reclamó una mayor responsabilidad de los Estados para proteger a las personas mayores.

América Latina dio un paso adicional en 2015 con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Argentina la ratificó en 2017 y le otorgó jerarquía constitucional en 2022. Ese tratado regional se convirtió en el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante específicamente dedicado a este grupo etario.

La ONU ya comenzó a redactar el tratado

Después de años de negociaciones, en 2025 el Consejo de Derechos Humanos aprobó, a propuesta de Argentina, la creación del grupo encargado de redactar una convención global. Durante 2026 ya se realizaron reuniones en febrero y julio y está prevista una nueva sesión en octubre, bajo presidencia argentina. Entre los temas discutidos aparecen la discriminación por edad, el abuso, la autonomía y la protección de derechos frente al envejecimiento de la población mundial.

El proceso todavía no tiene una fecha definida para concluir y la negociación podría extenderse durante varios años. Sin embargo, Dabove considera que existe un consenso internacional más sólido que en etapas anteriores y que los cambios demográficos aumentan la presión para alcanzar un acuerdo. Según Naciones Unidas, hacia 2080 las personas mayores de 65 años superarían en número a los menores de 18, un escenario que vuelve más urgente definir estándares comunes de protección.