El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue los destrozos y las agresiones registrados durante la quinta Marcha Federal Universitaria en las inmediaciones del Congreso. La presentación solicita identificar a los manifestantes involucrados y determinar si cometieron delitos.

Según el escrito, algunas personas con el rostro cubierto dañaron bienes públicos y arrojaron objetos contra la infraestructura de la zona y los efectivos de las fuerzas federales. La denuncia también sostiene que hubo integrantes de las fuerzas de seguridad lesionados durante los enfrentamientos.

El Ministerio pidió investigar posibles delitos de atentado y resistencia agravados a la autoridad, lesiones agravadas y daño agravado. Además, solicitó incorporar grabaciones, registros de cámaras públicas y privadas, informes del operativo y documentación médica de los agentes heridos. La Justicia deberá determinar las responsabilidades penales a partir de las pruebas reunidas.

El Gobierno y el vicerrector de la UBA cruzaron posiciones

Tras los incidentes, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, afirmó que la movilización transcurrió con normalidad hasta que un grupo reducido protagonizó hechos violentos. También relató que debieron retirarse del acto central porque recibieron gases cerca del escenario, donde había estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes.

“Soy el primero en repudiar cualquier hecho de violencia pero lo que también digo es que la Policía fue ineficiente porque lo que tenía que hacer era identificar a los violentos”, sostuvo Yacobitti en declaraciones a TN. El dirigente universitario cuestionó el accionar policial y rechazó que los episodios se utilicen para caracterizar como violentos a quienes participaron de la protesta.

El vicerrector también respondió a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien condenó los incidentes y advirtió que los responsables deberán responder ante la Justicia. “Si la ministra dice que nadie está por encima de la ley, lo que debería hacer es avisarle al presidente Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, identificar a los violentos y sancionarlos y caerle con lo más duro de la ley”, expresó.

Por su parte, Monteoliva afirmó que “los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”. La funcionaria sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita a ejercer violencia y aseguró que quienes agredan a efectivos o dañen bienes públicos deberán responder ante la Justicia.

Las universidades repudiaron la represión

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también se pronunciaron tras los hechos. En un comunicado conjunto, repudiaron la represión y cuestionaron al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las organizaciones señalaron que la violencia obligó a suspender antes de tiempo el acto central en Buenos Aires. También recordaron que las cuatro marchas anteriores se habían desarrollado sin incidentes y afirmaron que las movilizaciones en otros puntos del país fueron pacíficas.

El documento reclamó que el Poder Ejecutivo cumpla con la norma, aprobada por el Congreso y respaldada en distintas instancias judiciales. Además, los firmantes consideraron que el conflicto “no es un problema de disponibilidad de recursos sino de voluntad y decisión”.

Pese a los incidentes, las organizaciones universitarias reivindicaron la participación en todo el país y aseguraron que mantendrán el reclamo “hasta que la ley se cumpla”.