El gasto real en subsidios a la energía y el transporte cayó entre 57% y 59% desde el inicio del gobierno de Javier Milei, según distintas mediciones privadas. Aun así, el proceso está lejos de haber terminado: en el AMBA, los hogares pagan en promedio alrededor del 55% del costo de los servicios públicos y el Estado cubre el 45% restante. La reducción fue muy fuerte en 2024 y 2025, pero durante 2026 aparecieron señales de freno e incluso una suba real del gasto en algunos rubros.

El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP-UBA Conicet calculó que los subsidios acumulados en doce meses son 59% menores que en diciembre de 2023 y 73% inferiores al pico registrado en junio de 2022. Otra medición del Iaraf, que utiliza una metodología distinta, estimó una caída real del 61,2% en energía y del 40,1% en transporte entre los primeros ocho meses de 2023 y el mismo período de 2026. Pese a las diferencias, ambos análisis coinciden en que el recorte fue superior a la mitad en términos reales.

El recorte dejó de avanzar al mismo ritmo

La tendencia no fue lineal durante 2026. Entre enero y mediados de agosto, el gasto total en subsidios a energía y transporte aumentó 6% en términos reales frente al mismo período de 2025. La mayor presión provino de la energía, mientras las transferencias destinadas al transporte continuaron bajando.

El aumento vuelve más difícil sostener simultáneamente el equilibrio fiscal y otras partidas del presupuesto. Analistas consultados en el informe advierten que, si los subsidios energéticos no vuelven a caer en términos reales durante 2027, otras erogaciones discrecionales tendrán que absorber una parte mayor del ajuste. Entre ellas aparecen especialmente la obra pública y distintos programas de inversión.

Cuánto paga actualmente cada usuario

La distancia respecto de una tarifa sin subsidios varía considerablemente según el servicio y el hogar. En agosto de 2026, el IIEP calculó que los usuarios residenciales del AMBA cubrían en promedio el 63% del costo de la electricidad y el 57% del gas natural. En transporte, la cobertura era considerablemente menor y rondaba apenas un tercio del costo efectivo.

También existen diferencias importantes dentro de cada servicio. En electricidad, los hogares sin subsidios ya pagan valores cercanos al costo pleno, mientras los beneficiarios de asistencia estatal cubren aproximadamente un tercio. En gas ocurre algo similar: quienes no reciben ayuda afrontan prácticamente todo el costo, mientras los hogares subsidiados pagan una proporción mucho menor.

Desde enero de 2026 funciona además el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, que reemplazó la antigua segmentación en tres niveles de ingresos por una categoría única de hogares considerados vulnerables. El esquema mantiene bonificaciones sobre consumos básicos y permite aplicar descuentos extraordinarios durante este año para suavizar el impacto de las tarifas. En septiembre, por ejemplo, la Secretaría de Energía fijó una bonificación adicional del 24,25% para usuarios beneficiarios de gas natural y propano por redes.

El transporte conserva la mayor brecha

El transporte público es el rubro donde más distancia existe entre lo que paga el pasajero y el costo calculado del servicio. El IIEP estimó en julio una tarifa técnica de $2.082 por viaje, frente a boletos efectivos muy inferiores en el AMBA. Otras mediciones empresarias incluso ubican el costo real por encima de ese nivel.

Eliminar completamente esa diferencia implicaría aumentos muy fuertes, por lo que los especialistas advierten que no resulta correcto calcular una suba uniforme para todos los usuarios. Parte de la reducción futura de subsidios podría provenir de menores costos de abastecimiento energético o de una focalización más estricta de la asistencia. Eso permitiría reducir el gasto fiscal sin trasladar todo el ajuste directamente a las tarifas.

El desafío principal quedó así desplazado hacia 2027. El Gobierno ya consiguió reducir de manera sustancial el peso de los subsidios respecto de 2023, pero todavía debe decidir cuánto más puede avanzar sin afectar de manera brusca el poder adquisitivo y la inflación. La discusión ya no pasa tanto por eliminar toda la asistencia, sino por determinar quién seguirá recibiéndola y qué porcentaje del costo deberá absorber cada usuario.