La Justicia de Estados Unidos autorizó a Titan Consortium a solicitar embargos o medidas de ejecución sobre activos argentinos para intentar cobrar US$390,9 millones. El reclamo está relacionado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, iniciada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La decisión no implica que exista un embargo automático ni identifica bienes concretos que puedan ser alcanzados.

La resolución fue dictada por la jueza Jia M. Cobb, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La magistrada consideró que había transcurrido un plazo razonable desde la sentencia que reconoció el derecho de Titan a cobrar el laudo. Fuentes de la Procuración del Tesoro señalaron que el Gobierno analiza las herramientas jurídicas disponibles para intentar reducir el impacto del fallo.

Un litigio que comenzó con la estatización de Aerolíneas

El conflicto se remonta al proceso de estatización iniciado a fines de 2008 y concretado en 2009, cuando Aerolíneas Argentinas y Austral estaban bajo control del grupo español Marsans. La compañía llevó posteriormente el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo vinculado al Banco Mundial. En 2017, el tribunal arbitral condenó a Argentina a pagar una compensación de US$321 millones más intereses.

Marsans transfirió posteriormente los derechos del litigio a Burford Capital, que luego los cedió a Titan Consortium. El fondo inició en 2021 el procedimiento para conseguir que los tribunales estadounidenses reconocieran y ejecutaran el laudo del Ciadi. En 2024, la Justicia norteamericana ordenó a Argentina pagar US$390,9 millones más intereses.

El país apeló esa decisión y sostuvo que el reclamo se encontraba alcanzado por un plazo de prescripción de tres años. La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia rechazó ese argumento y determinó que correspondía aplicar un plazo de doce años. Con esa discusión resuelta, Titan quedó en condiciones de avanzar con pedidos destinados a localizar y ejecutar activos.

Qué puede pasar con los bienes argentinos

La autorización judicial no supone que aviones de Aerolíneas Argentinas u otros bienes del Estado puedan ser embargados de manera inmediata. Cada activo que Titan pretenda alcanzar deberá ser identificado y quedar sujeto al análisis de los tribunales, incluida la discusión sobre las inmunidades que protegen determinados bienes soberanos. El expediente, por lo tanto, puede abrir nuevas disputas antes de que cualquier medida de ejecución se concrete.

El especialista en litigios internacionales Sebastián Maril señaló que el caso está registrado en Nueva York y Washington, aunque los pedidos no necesariamente deberán limitarse a esas jurisdicciones. También recordó que el origen del conflicto está relacionado con Aerolíneas Argentinas, pero hasta el momento no existe una orden específica contra aeronaves de la compañía. Las partes habían alcanzado un principio de acuerdo durante 2024, aunque las negociaciones finalmente no cerraron el litigio.

El caso se suma a otros reclamos internacionales contra Argentina vinculados con decisiones del Ciadi y contratos de infraestructura. Entre ellos aparecen procesos impulsados por Webuild y Saur International, mientras el proyecto de Presupuesto 2027 incluyó una partida destinada a afrontar obligaciones surgidas de este tipo de controversias. En el expediente de Aerolíneas, la próxima disputa estará centrada en qué activos puede localizar Titan y cuáles de ellos podrían quedar efectivamente sujetos a ejecución.