El Estado busca recuperar tierras públicas tomadas ilegalmente en todo el país. Según informes periodísticos, habría 250 juicios con trámites de desalojo en curso. Existen propiedades usurpadas por una persona y otros casos donde las tomas incluyen cientos de familias. Algunos de estos sitios fueron relevados como “Barrios Populares” por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Se calcula alrededor de 500 hectáreas afectadas por tomas. Aunque algunos juicios ya tienen sentencia firme, los desalojos no se ejecutan por motivos de “seguridad pública”, como presencia de menores, o pertenencia a comunidades originarias.

Los conflictos en propiedades estatales abarcan zonas como Córdoba, Jujuy, Tucumán, Buenos Aires e incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las usurpaciones se dan en terrenos sin edificar,  sitios linderos a vías de ferrocarril, galpones de algunos organismos y casas de Capital Federal.

Conflicto en Barrios Populares

Uno de los casos resonantes tuvo lugar en Puente 13 (Ciudad Evita). Allí, una mujer aseguraba tener la posesión del predio y realizó cesiones de derecho a miembros de la comunidad boliviana. Esto permitió una ocupación de 300 familias que afirman ser dueñas. Estas afirman haber pagado hasta 10 mil dólares por un terreno. A pesar de que el Estado ganó la demanda y se autorizó un desalojo, este no pudo concretarse por haber menores en el lugar. Este y otros sitios fueron incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Los mismos permanecen bajo un marco de protección ante desalojos por 10 años, argumentando un proceso de integración urbana. Debido a esta normativa, en los últimos años, el Estado tomó la alternativa de relocalizar a las familias. No obstante, la medida tuvo poco éxito. 

El déficit habitacional de Argentina afecta a alrededor de 3 millones de personas en todo el país. El tema volvió a tener un papel central en la discusión política tras la balacera ocurrida en el barrio 8 de Diciembre de González Catán. El sitio se encontraba usurpado hace un año. Allí, cinco personas fueron asesinadas por un tiroteo que se inició a partir de un conflicto por terrenos. Tras una investigación se llegó a conocer que hubo ventas de terrenos por más de $500.000.