El Gobierno nacional aprobó el ingreso del proyecto Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión clave para el mayor emprendimiento minero previsto en Argentina. La iniciativa contempla una inversión inicial de USD 9.700 millones para extraer cobre, oro y plata en la provincia de San Juan. Según las proyecciones de la compañía, el desembolso podría escalar hasta USD 18.000 millones durante la próxima década.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que se trata de uno de los cinco proyectos de cobre más grandes del mundo. Vicuña es una sociedad integrada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining. Su desarrollo se concentra en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la zona cordillerana sanjuanina, cerca del límite con Chile.

Una inversión minera de escala histórica

La aprobación se concretó bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Esa figura otorga beneficios fiscales, cambiarios y legales para inversiones de gran magnitud. Entre ellos se incluyen una reducción del impuesto a las Ganancias, devolución inmediata del IVA, eliminación de retenciones desde el segundo año, levantamiento progresivo de controles de capital y estabilidad fiscal por 40 años.

Desde la compañía señalaron que el ingreso al régimen representa un paso importante para acompañar el desarrollo de largo plazo del proyecto. También remarcaron que Vicuña ya genera empleo, contratación de servicios y movimiento económico en San Juan y la región. La empresa había solicitado la adhesión al RIGI en diciembre de 2025.

El proyecto está planteado en tres etapas. La primera prevé una inversión de USD 7.100 millones entre 2027 y 2030 para desarrollar una mina a cielo abierto y una planta concentradora en Josemaría. Luego se incorporarán recursos de Filo del Sol y, en una fase posterior, se ampliará la planta con infraestructura estratégica, incluida una desalinizadora y un sistema de transporte de concentrado.

Cobre, exportaciones y empleo

Una vez en plena operación, Vicuña proyecta producir en promedio 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata por año. Las exportaciones estimadas durante la etapa operativa alcanzarían los USD 6.000 millones anuales. Ese monto equivale prácticamente a todo lo exportado por la minería argentina en 2025.

El impacto laboral también aparece como uno de los principales argumentos del proyecto. Durante la construcción se prevé una demanda de 12.000 empleos directos. En la etapa operativa, la empresa calcula unos 5.000 puestos directos y 19.000 indirectos.

La compañía estima que el 90% de la mano de obra será de origen local. Según datos de la firma, Vicuña cuenta con más de 2.600 trabajadores a nivel global, de los cuales la gran mayoría se desempeña en Argentina. Entre los empleados directos, más del 81% son oriundos de San Juan.

El RIGI como punto decisivo

Referentes de la empresa habían señalado que el RIGI era una condición central para avanzar con el desarrollo. El argumento de la compañía es que una inversión de esta escala necesita reglas fiscales y legales estables durante varias décadas. Para el sector minero, esa previsibilidad resulta determinante por los plazos largos que requiere la exploración, construcción y operación de los yacimientos.

El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, definió al emprendimiento como una oportunidad transformadora para Argentina. Según planteó, el país cuenta con distritos de cobre de clase mundial y puede ganar peso en un contexto de creciente demanda global del mineral. El cobre es considerado un insumo clave para la electrificación, las redes energéticas y la transición tecnológica.

Argentina tiene hoy una extracción de cobre marginal, pero posee proyectos con potencial para cambiar ese perfil durante la próxima década. Con desarrollos como Vicuña, el país aspira a alcanzar una producción cercana al millón de toneladas anuales. El desafío será convertir esas reservas en operaciones concretas, con infraestructura, financiamiento y acuerdos sociales en las provincias involucradas.

La polémica por el campamento Batidero

La aprobación del régimen llegó después de una controversia por la adjudicación del campamento Batidero, un complejo habitacional de alta montaña destinado a alojar trabajadores del proyecto. La obra fue otorgada a un consorcio encabezado por la empresa china PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la santafesina RAFA S.A.. La decisión generó cuestionamientos de sectores empresariales argentinos.

El consorcio presentó una oferta de USD 52 millones, frente a los USD 70 millones cotizados por la empresa nacional Modular Homes. La diferencia fue de USD 18 millones, una cifra menor en relación con la inversión total proyectada para Vicuña. El debate se concentró en el impacto que puede tener el régimen sobre proveedores locales, ya que el RIGI permite importar bienes de capital e insumos sin aranceles.

El campamento tendrá una capacidad inicial de 2.500 camas, con posibilidad de ampliarse hasta 6.000 plazas a medida que avance la obra. La discusión dejó expuesta una tensión que puede repetirse en otros grandes proyectos: cómo atraer inversiones de escala internacional sin desplazar a la industria nacional en los contratos vinculados a esas obras.