La Iglesia católica argentina cuestionó el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional bajo el nombre de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. A través de una carta abierta, organizaciones eclesiales alertaron que la iniciativa podría afectar la soberanía sobre la tierra, los alimentos y los bienes comunes. El documento fue dirigido a los legisladores que deberán debatir el texto en el Congreso.

La presentación fue firmada por el Área de Ecología Integral de Pastoral Social, la Entidad Nacional de Defensa del Indígena y Cáritas Argentina. Las entidades sostuvieron que el proyecto «atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse». También marcaron artículos que consideran especialmente sensibles para comunidades rurales, campesinas e indígenas.

El foco en la extranjerización de tierras

Uno de los puntos centrales del reclamo apunta a la posibilidad de que personas físicas o empresas extranjeras compren tierras rurales con menos restricciones. Según las organizaciones, el proyecto debilita límites vigentes en zonas de frontera y en áreas vinculadas a reservas de agua u otros bienes naturales. Para la Iglesia, esa flexibilización puede comprometer recursos estratégicos del país.

El texto oficial mantendría autorizaciones previas solo para Estados extranjeros o empresas con participación estatal. El resto de los inversores del exterior quedaría en condiciones similares a las de compradores nacionales. Las entidades firmantes cuestionaron esa orientación y pidieron que se preserve la capacidad del Estado para regular el uso del territorio.

El comunicado también advirtió que la tierra no puede ser tratada únicamente como una mercancía. Para respaldar esa postura, citó documentos del papa León y del papa Francisco sobre el destino universal de los bienes, el cuidado de la casa común y el derecho de las comunidades a acceder a los recursos necesarios para vivir.

Críticas a los cambios sobre tierras incendiadas

Otra preocupación está vinculada con los artículos que modifican restricciones sobre tierras afectadas por incendios. Las organizaciones calificaron ese punto como «alarmante» porque habilitaría la utilización inmediata de superficies que hasta ahora tenían mayores límites luego de un siniestro. El cuestionamiento se relaciona con cambios sobre la llamada ley del fuego.

La legislación vigente había ampliado restricciones sobre bosques implantados y tierras productivas, además de los bosques nativos. El proyecto enviado al Congreso acotaría esa protección a los bosques nativos y a las áreas definidas por el ordenamiento territorial de cada jurisdicción. Para las entidades eclesiales, esa reducción puede favorecer intereses privados sobre zonas ambientalmente sensibles.

La carta también planteó que la reforma debilita herramientas estatales para planificar obras, ordenar el territorio y proteger el interés comunitario. Según el documento, esa pérdida de capacidad regulatoria impactaría con más fuerza en los sectores vulnerables. Por eso, pidieron que el Congreso analice el proyecto con atención sobre sus consecuencias sociales y ambientales.

El planteo del Gobierno y el pedido a legisladores

El Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para dinamizar el mercado inmobiliario y fortalecer la seguridad jurídica. El proyecto incluye la digitalización de trámites y la creación de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para agilizar certificados y gestiones registrales. También busca modernizar procedimientos que todavía dependen en gran parte de soportes físicos.

Las organizaciones eclesiales reconocieron que el acceso a la vivienda propia es una necesidad urgente para muchas familias. Sin embargo, remarcaron que cualquier reforma debe ser justa tanto para propietarios como para inquilinos. También señalaron que la solución habitacional no debería avanzar a costa de debilitar controles sobre bienes comunes.

Pastoral Social, Endepa y Cáritas Argentina convocaron a los legisladores a priorizar el bien común y el futuro de las próximas generaciones. La carta cerró con un llamado a ejercer la política como una herramienta de servicio público. El debate legislativo quedará atravesado por la tensión entre seguridad jurídica, mercado inmobiliario, soberanía territorial y protección ambiental.