La esposa del exmayor del Ejército Ernesto Guillermo Barreiro denunció que la deportación de su marido desde Estados Unidos a la Argentina, concretada en 2007, habría sido parte de un acuerdo político entre George W. Bush y Néstor Kirchner. Ana Magi de Barreiro sostuvo que la entrega del militar funcionó como una «moneda de cambio» vinculada al discurso que el entonces presidente argentino pronunció contra Irán ante la ONU. Desde el entorno del excanciller Jorge Taiana rechazaron esa versión y afirmaron que el trámite respondió a un pedido del Poder Judicial.

Barreiro, de 78 años, cumple arresto domiciliario tras recibir condenas por delitos de lesa humanidad. El exmilitar había sido requerido por la Justicia argentina luego de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, que permitió reabrir causas contra integrantes de las Fuerzas Armadas. Su deportación desde Estados Unidos se concretó el 30 de octubre de 2007.

La denuncia de la esposa de Barreiro

Ana Magi de Barreiro incluyó la acusación en el libro Al pie del cañón, donde relata su experiencia familiar frente a los procesos judiciales abiertos contra militares. Según afirmó, la información sobre un supuesto acuerdo entre Bush y Kirchner le habría sido transmitida por un defensor oficial estadounidense que intervino en el expediente migratorio de su esposo. La mujer no reveló la identidad de ese funcionario.

De acuerdo con su versión, Estados Unidos buscaba que Kirchner endureciera su posición frente a Irán por el atentado a la AMIA. El entonces presidente argentino realizó ese reclamo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde pidió que el régimen iraní colaborara con la Justicia argentina y entregara a los acusados por el ataque terrorista de 1994. Para Magi, la deportación de Barreiro habría estado vinculada a ese contexto diplomático.

Desde el entorno de Taiana negaron de manera enfática esa interpretación. Fuentes cercanas al excanciller aseguraron que la entrega de Barreiro fue gestionada por requerimientos judiciales y que no existió intervención política en la decisión. También afirmaron que no hay información que indique un pedido de Bush en ese sentido.

El antecedente carapintada

Ernesto Barreiro fue uno de los referentes de la rebelión carapintada de Semana Santa, ocurrida en abril de 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El motín se desencadenó cuando se negó a presentarse ante una citación judicial. Luego fue detenido y más tarde quedó beneficiado por la ley de obediencia debida.

Tras su regreso al país, enfrentó procesos por delitos de lesa humanidad. Fue condenado en la megacausa por el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Actualmente cumple arresto domiciliario.

La esposa del exmilitar recordó que Kirchner lo mencionó públicamente durante un acto por el Día de la Memoria. En aquel discurso, el expresidente apuntó contra Luciano Benjamín Menéndez y contra Barreiro. Según relató Magi, su marido interpretó esa frase como una señal de que pronto sería buscado por las autoridades argentinas.

La deportación desde Estados Unidos

El matrimonio vivía en The Plains, una pequeña ciudad del estado de Virginia, cerca de Washington. Allí habían tramitado durante años una visa de trabajo y desarrollaban actividades comerciales vinculadas con una galería de arte, antigüedades, cueros y artesanías argentinas. Magi sostuvo que algunos visitantes del local le generaron sospechas antes de la detención de su esposo por una irregularidad migratoria.

Según su relato, el mecanismo elegido fue la deportación y no la extradición. La diferencia resulta relevante porque la extradición suele limitar los procesos posteriores a los delitos incluidos en el acuerdo entre países. La deportación, en cambio, permitió que Barreiro quedara a disposición de la Justicia argentina sin esas restricciones específicas.

La denuncia vuelve a poner bajo discusión un episodio atravesado por causas judiciales, diplomacia y memoria histórica. Mientras la familia del exmilitar plantea la existencia de una negociación política, fuentes cercanas a la Cancillería de aquel período sostienen que la repatriación respondió exclusivamente a un requerimiento judicial. El caso quedó incorporado al debate público a partir del testimonio publicado por Ana Magi de Barreiro.