La eliminación de aranceles a la importación de celulares volvió a encender el debate por la continuidad del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, vigente desde hace más de 50 años. Funcionarios del Gobierno nacional criticaron su impacto fiscal y su escaso aporte a la creación de empleo genuino y valor agregado.

Según un informe de la Fundación Fundar, el subrégimen industrial vigente en la isla le cuesta al Estado USD 1.070 millones por año. La cifra representa el 0,22% del PBI nacional y equivale a más del doble del presupuesto del Conicet o al 39,3% del gasto total en AUH y AUE.

Críticas del Gobierno y cambios en los impuestos

El estudio cuestiona que los incentivos fiscales favorezcan el ensamblaje de productos electrónicos con partes importadas sin generar un entramado productivo sólido. Entre los principales productos fabricados se encuentran celulares, televisores y aires acondicionados. En algunos casos, el valor agregado local es mínimo.

El Gobierno nacional avanza con medidas que buscan reducir esa protección. La más reciente fue la baja de aranceles a celulares importados, del 19% al 9,5%. En paralelo, se redujo el impuesto interno para productos de fabricación nacional al 0%.

Un régimen con origen geopolítico y objetivos cumplidos

El régimen fueguino fue creado en 1972 con el objetivo de fomentar el poblamiento del sur argentino. Ese propósito, según Fundar, ya fue alcanzado. Hoy, el esquema otorga beneficios fiscales como exenciones de IVA, aranceles a la importación e Impuesto a las Ganancias.

Desde el Gobierno insisten en que el esquema perdió sentido. «Es un chupadero de plata terrible, sin muchos beneficios», afirmó Juan Carlos Hallak, investigador del Conicet. Propuso reformularlo para premiar el valor agregado y no la facturación bruta.

Sturzenegger apuntó contra la industria

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue tajante: «Construir galpones industriales en este paraíso es como hacerlos en Yellowstone o en París». Dijo que la reducción de precios favorecerá el consumo en todo el país. Según sus cálculos, el régimen generaba una pérdida neta de 60.000 empleos a nivel nacional. En cambio, bajar los precios permitiría redirigir el gasto de los consumidores hacia otros sectores más productivos.

Aunque en teoría los beneficios fiscales debían traducirse en precios más bajos, eso no ocurrió. Durante años de cepo y control, los productos electrónicos mantenían valores altos. La falta de competencia favorecía los aumentos. Ahora, con la quita de aranceles y la presión de los productos importados, las empresas podrían verse obligadas a resignar márgenes y renegociar con los retailers para no perder cuota de mercado.