La tensión entre el Gobierno nacional y Tierra del Fuego escaló un nuevo peldaño. Luego de anunciar una baja progresiva en los aranceles a la importación de celulares —medida que impacta directamente sobre la producción en la isla—, desde Casa Rosada confirmaron que no solo no darán marcha atrás, sino que planean poner en discusión el régimen especial que beneficia al sector desde hace medio siglo.

El gobernador Gustavo Melella anticipó que judicializará el decreto si se publica tal como fue anunciado. Aseguró que no fueron consultados y denunció que el diálogo con el Ejecutivo está completamente roto. «Lo que pedimos es discutir un plan de desarrollo, no nos comamos el caramelito de la competitividad cuando lo que está en juego son puestos de trabajo», advirtió.

Sin vuelta atrás

La medida, que será oficializada por decreto este viernes, contempla una reducción del arancel del 16% al 8% de forma inmediata, y su eliminación total a partir del 15 de enero de 2026. Además, se aplicará una rebaja en los impuestos internos: bajarán del 19% al 9,5% para productos importados, y del 9,5% al 0% para los fabricados en Tierra del Fuego.

Desde el Ejecutivo califican la iniciativa como “la más popular” y aseguran que responde a una lógica de eficiencia y equidad fiscal. “Es ridículo que alguien tenga que pagar un avión y un hotel en otro país para comprarse un celular y aun así le salga más barato que en Argentina”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

En paralelo, la UOM decretó un paro por tiempo indeterminado, mientras que la administración fueguina se prepara para ir a la Justicia si el decreto se publica sin modificaciones.

Un “curro” con fecha de vencimiento

El Gobierno no solo mantiene la decisión de avanzar con la rebaja de aranceles, sino que prepara una revisión integral del subrégimen industrial. “Es un curro del que ya se beneficiaron durante muchos años”, dijeron en Casa Rosada. Según estimaciones de Fundar, el esquema implica un costo fiscal de 1.070 millones de dólares anuales, equivalente al 0,22% del PBI.

La visión oficial es que los beneficios fiscales ya no tienen razón de ser. “No tiene sentido que todos los argentinos paguemos más caro para subsidiar una provincia. Se discutió hace 50 años y hoy no tiene lógica económica ni social”, sentenció Adorni.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también defendió la medida aunque admitió que podría haber pérdida de empleo. Según el funcionario, la economía fueguina debe diversificarse, con mayor apuesta al turismo, en lugar de sostenerse con subsidios estatales permanentes.

Resistencia desde la isla

Desde el entorno de Melella confirmaron a medios nacionales que no hubo ningún tipo de consulta ni intento de coordinación previo al anuncio. “No hablaron con nosotros. Tampoco nos atienden”, señalaron. La gobernación insiste en que la Provincia tiene un plan de desarrollo industrial y reclama al Gobierno acceso a fondos para implementarlo.

Por su parte, el diputado libertario Santiago Pauli sostuvo que “las empresas se llenaron de plata durante años” y que la discusión de fondo debe centrarse en cómo hacerlas competitivas. “No somos responsables de que Mirgor y Newsan sigan ganando o pierdan plata”, afirmó.

Apoyo del FMI y señal al electorado

En paralelo, el staff del Fondo Monetario Internacional avaló la medida. En su último informe técnico advirtió que las exenciones como las de Tierra del Fuego profundizan las inequidades del sistema tributario argentino y recomendó desregularlas. El guiño externo refuerza el relato del Gobierno, que busca posicionar la medida como un gesto de racionalidad económica frente al gasto público.

A cinco meses de las elecciones legislativas, el control del tipo de cambio y la moderación del gasto aparecen como los pilares de la estrategia electoral oficialista. Y aunque la tensión con los gobernadores peronistas podría escalar, en Balcarce 50 repiten una consigna clara: no habrá marcha atrás.