El Ministerio de Economía abrió una negociación con empresas constructoras para impulsar la actividad, ampliar el financiamiento de viviendas y resolver deudas acumuladas por obras contratadas por el Estado. Entre las iniciativas bajo análisis del Gobierno aparecen un bono de hasta $220.000 millones para cancelar obligaciones pendientes, el uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y una posible reorganización de los Fondos de Asistencia Laboral. El sector considera que la construcción puede aportar a la recuperación económica, aunque varias propuestas todavía no cuentan con definiciones concretas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló al crédito y a la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales como dos de los instrumentos que podrían apuntalar la actividad. El viceministro José Luis Daza confirmó que el Palacio de Hacienda estudia mecanismos para ampliar el financiamiento en pesos y dólares destinado al sector. Representantes empresariales sostienen, sin embargo, que las iniciativas presentadas permanecen durante períodos prolongados en evaluación.

Las dudas por el bono para los contratistas

El secretario de Coordinación de Infraestructura y Transporte, Fernando Herrmann, asumió la interlocución principal con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) tras la salida de Carlos Frugoni. Una nueva reunión entre las partes tendrá como eje las condiciones del título previsto para cancelar deudas con empresas que ejecutaron contratos para el Estado. El monto máximo contemplado asciende a $220.000 millones, aunque todavía no se conoce cuántas compañías aceptarán la propuesta.

La principal objeción es que la adhesión exigiría renunciar a otras demandas administrativas o judiciales vinculadas con esos contratos. Algunas constructoras podrían aceptar porque no tienen reclamos adicionales o porque los montos discutidos son menores, mientras que otras optarían por continuar con sus presentaciones. Esa falta de certezas también impide determinar si el valor total del bono será suficiente para cubrir las obligaciones reconocidas.

El mecanismo forma parte de una negociación más amplia entre el Gobierno y el sector privado. Herrmann quedó a cargo de acercar posiciones entre las necesidades financieras de las empresas y las restricciones fiscales que mantiene el Ejecutivo. La recepción de las propuestas no implica todavía que hayan sido aceptadas ni que exista un calendario definido para su implementación.

Una propuesta para ampliar los créditos hipotecarios

Empresarios del sector plantearon utilizar parte de los fondos obtenidos mediante una eventual venta de acciones del FGS para financiar viviendas destinadas a la clase media. La iniciativa propone canalizar entre US$15.000 millones y US$20.000 millones hacia el descuento de hipotecas, con el objetivo de que los bancos puedan ampliar la oferta de préstamos. Para avanzar con esa alternativa sería necesaria la aprobación de una ley por parte del Congreso.

La propuesta busca generar una fuente de financiamiento de largo plazo para un mercado que continúa condicionado por el acceso limitado al crédito. Los recursos permitirían que las entidades financieras transformen las hipotecas otorgadas en liquidez disponible para conceder nuevos préstamos. El proyecto permanece bajo estudio y no cuenta todavía con un acuerdo dentro del Gobierno.

El sector propone concentrar los fondos laborales

Otra iniciativa apunta a agrupar los Fondos de Asistencia Laboral en una o varias cuentas de gran escala, en lugar de mantener esquemas individuales por empresa. Los participantes de las conversaciones consideran que solo una parte de esos recursos sería utilizada para cubrir indemnizaciones y que el remanente podría destinarse a inversiones hipotecarias. El modelo requeriría reglas específicas para garantizar la disponibilidad del dinero cuando existan desvinculaciones laborales.

La puesta en marcha del FAL fue postergada hasta el 1° de noviembre de 2026 para preservar el resultado fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Dentro del oficialismo existe preocupación por una eventual nueva demora si los ingresos públicos no evolucionan según lo previsto. Aunque cualquier prórroga adicional necesitaría otra ley. Las propuestas para financiar viviendas dependen, por lo tanto, tanto de la reglamentación del fondo como de acuerdos políticos que siguen pendientes.