La Justicia Federal dictó el procesamiento de la legisladora provincial Sandra Figueroa por graves delitos que incluyen lavado de activos agravado por su función pública, confabulación para el narcotráfico y asociación ilícita. La medida también alcanza a su esposo, el destituido intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Campos, y a otros exfuncionarios municipales, en el marco de una causa que investiga un presunto esquema de corrupción y manejo irregular de fondos públicos vinculados al tráfico de estupefacientes.

El juez federal José Manuel Díaz Vélez consideró que el matrimonio Figueroa-Campos conformaría el “sostén estructural” de una “empresa criminal colectiva” que operaba desde el municipio de Alberdi. La imputación se basa en un cúmulo de pruebas que evidenciarían un incremento patrimonial injustificado y la adquisición de vehículos y bienes con dinero de presunto origen ilícito. Entre ellos, una camioneta Toyota Hilux y un minibús Mercedes Benz, además de autos de alta gama comprados presuntamente con cheques oficiales durante su gestión.

A Figueroa también se la vincula con una red de narcotráfico mencionada en un audio viralizado de su esposo, en el que se alude a actividades ilegales y al encubrimiento de operaciones vinculadas al tráfico de drogas. Según la investigación, habrían existido movimientos migratorios por pasos fronterizos sensibles al narcotráfico, como el de Puerto Chalanas, en la frontera con Bolivia.

El juez dispuso el procesamiento sin prisión preventiva, pero con severas restricciones: prohibición de salida de la provincia y del país sin autorización judicial, presentación periódica ante la policía y prohibición de contacto con otros imputados y testigos. Además, ordenó un embargo de 250 millones de pesos sobre sus bienes para garantizar las responsabilidades civiles y procesales.

La resolución también alcanzó a otros imputados —Roque Cayetano Giménez, José Albano Loru, Pablo Exequiel Barrionuevo y José Roldán—, quienes fueron procesados con prisión preventiva. La Legislatura provincial será notificada formalmente una vez que la medida quede firme.

El caso tuvo su origen en junio, cuando se viralizó un audio en el que Campos y Giménez, un empresario local, discutían sobre supuestos manejos delictivos, narcotráfico y control político en Alberdi. La difusión del mensaje provocó una crisis institucional y la intervención del municipio por decreto del gobernador Osvaldo Jaldo.

El juez Díaz Vélez calificó los hechos como de “especial trascendencia institucional”, señalando que los acusados “utilizaron la estructura estatal para fines ilícitos, afectando la credibilidad del sistema republicano”. Según el fallo, la organización habría montado un esquema de blanqueo de fondos públicos mediante contrataciones directas, obras inexistentes o sobrevaluadas, y una red de complicidad entre funcionarios y empresarios.

La investigación —con intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Gendarmería Nacional y la Fiscalía Federal— continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones. El magistrado sostuvo que “las pruebas reunidas demuestran un patrón de connivencia sistemática orientado al enriquecimiento ilegítimo”, y advirtió que “el Estado debe impedir que las estructuras políticas locales se conviertan en refugio del delito”.