La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que busca garantizar el financiamiento para las universidades públicas de todo el territorio nacional. La ley se enmarca en una situación excepcional del 2024, debido a que no se sancionó el presupuesto correspondiente y se prorrogó el del año 2023. De esta manera, el Ejecutivo venía disponiendo de manera discrecional los recursos para la educación universitaria. La iniciativa apunta a restituir los recursos de las distintas casas de estudios. Sin embargo, existe la posibilidad de que el presidente Javier Milei ejerza el veto. El argumento para ello sería el déficit fiscal que podría ocasionar la medida, tal como sucedió con la ley de movilidad jubilatoria.

La ley establece una actualización de las partidas presupuestarias para las universidades. El aumento toma en consideración la inflación de 2023 en lo que refiere a los gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, incentivos a la ciencia y a la técnica y actividades de extensión. Estas se actualizarán bimestralmente por inflación, descontando los aumentos discrecionales que ya se otorgaron.

Según el INDEC, hasta agosto inclusive, el IPC fue de 144%. Los aumentos otorgados hasta septiembre ascienden a 89,5%. De este modo, con la nueva ley, los salarios deberían incrementarse 29%. A su vez, hacia adelante, debieran aumentarse de manera mensual según la inflación. Pese a la posición del Gobierno nacional, la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el gasto para esta partida ronda el 0,14% del PBI, unos $739.000 millones. Bajo este criterio, sectores opositores sostienen que el proyecto es viable y no pondrá en riesgo la cuentas públicas.

Salarios en crisis

El nuevo ajuste aprobado por el Senado se basó en la licuación de los salarios docentes y no docentes. Según los trabajadores de la educación, el poder adquisitivo de los sueldos cayó un 25% con respecto a noviembre de 2023. La situación es aún más complicada para las categorías bajas. La garantía salarial docente permanece desactualizada desde diciembre. El piso mínimo para quien ingresa a dictar clases, que continúa en $125.000 netos en la dedicación simple, $250.000 en la semi exclusiva y $500.000 en la exclusiva. Esto significa, por ejemplo, que un jefe de Trabajos Prácticos de dedicación simple sin antigüedad, perdió un 34% de su poder adquisitivo desde noviembre.