La presencia de la flota pesquera china cerca de la zona económica exclusiva argentina volvió a encender alertas en el Atlántico Sur. El foco principal sigue puesto en la captura intensiva de calamar, pero en los últimos meses se sumó otra preocupación: la posibilidad de que algunas embarcaciones también sean utilizadas para tareas de vigilancia o recolección de información sensible.

El tema generó seguimiento tanto en Buenos Aires como en Washington, en un escenario de mayor competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Según informó Reuters, el gobierno argentino reforzó la vigilancia marítima con asistencia estadounidense para prevenir incursiones ilegales y controlar los movimientos de los buques que operan al borde de la zona económica exclusiva.

Una «ciudad de luces» sobre el mar

La magnitud del fenómeno quedó expuesta cuando imágenes satelitales registraron una verdadera concentración de luces en el océano. Se trataba de cientos de embarcaciones que operaban durante la noche en las inmediaciones del Mar Argentino, atraídas por la pesca del calamar Illex argentinus, una especie de alto valor comercial. La técnica utilizada incluye potentes luces y señuelos lumínicos para atraer a los ejemplares hacia las redes.

De acuerdo con datos de la Prefectura Naval Argentina citados por el informe, la cantidad de buques chinos pasó de unas 150 embarcaciones en 2016 a un pico cercano a 340 en 2021. Para 2026, el número se ubicó alrededor de 230, todavía muy por encima de otras flotas extranjeras que trabajan en la misma zona. Países como Corea del Sur, Vanuatu y España nunca superaron las 40 unidades en el período observado.

La actividad se desarrolla mayoritariamente fuera de la jurisdicción argentina, pero muy cerca del límite de la zona económica exclusiva. Por eso, el monitoreo exige radares, patrullajes y seguimiento satelital permanente. Entre 2021 y 2025, solo se registraron cuatro incidentes de presunta pesca ilegal dentro de aguas argentinas, un dato que las autoridades atribuyen al efecto disuasorio de la vigilancia.

Sospechas sobre antenas y movimientos

La preocupación no se limita a la sobrepesca. Funcionarios y especialistas consultados por Reuters señalaron sospechas sobre embarcaciones chinas que portarían antenas incompatibles con tareas estrictamente pesqueras. Marcelo Rozas Garay, viceministro de Defensa en 2025, afirmó que se cree que algunos buques buscaban información o intentaban interceptar comunicaciones.

También hubo observaciones sobre desplazamientos que podrían sugerir intentos de cartografiar la plataforma continental argentina. Esa zona tiene valor estratégico porque su exploración y explotación corresponde al Estado nacional bajo el derecho internacional. Juan Battaleme, exsecretario de Defensa para Asuntos Internacionales, sostuvo que a la Argentina le interesa saber si China utiliza parte de su flota para recabar información de inteligencia.

Sin embargo, las investigaciones no encontraron pruebas concluyentes de una operación sistemática de cartografía. Una revisión realizada por Reuters junto con Starboard Maritime Intelligence sobre movimientos marítimos entre enero de 2025 y marzo de 2026 no detectó maniobras masivas de ese tipo. Aun así, los datos disponibles no descartan que puedan haberse realizado acciones en menor escala.

El apoyo de Estados Unidos

La presencia china en el Atlántico Sur se inscribe en una disputa más amplia por influencia en América Latina. Estados Unidos observa con atención la expansión de Pekín en puertos, infraestructura, energía, minería, tecnología y sectores estratégicos. En ese marco, Washington respaldó la incorporación argentina de aviones de vigilancia marítima P-3C Orion.

Desde el Pentágono señalaron preocupación por el posible «doble uso» de determinadas flotas de altura. Ese concepto apunta a embarcaciones que pueden cumplir una actividad civil, como la pesca, pero también aportar capacidades de vigilancia o información útil para un Estado. Para Estados Unidos, cualquier práctica que afecte la capacidad de los países para controlar sus propias aguas representa un problema de soberanía.

China rechazó esas acusaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país calificó las sospechas de espionaje pesquero como “pura especulación sin fundamento fáctico” y sostuvo que la cooperación pesquera de Pekín se ajusta al derecho internacional. La respuesta muestra la tensión diplomática que rodea al tema, aunque el Gobierno argentino mantiene una postura prudente por el peso comercial de China.

La pesca del calamar y el riesgo ambiental

El calamar Illex argentinus es uno de los recursos más buscados en el Atlántico Sur. Su ciclo de vida corto, su crecimiento rápido y sus movimientos estacionales predecibles lo vuelven especialmente vulnerable a la explotación intensiva. Marcela Ivanovic, especialista del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, advirtió que en la zona “se está pescando de manera salvaje”.

Las embarcaciones chinas utilizan luces muy potentes durante la noche para atraer a los calamares. Luego emplean señuelos conocidos como “jigs”, que simulan el movimiento de presas y enganchan los tentáculos del animal. Desde las patrullas argentinas, las autoridades observan una pared de luces ubicada justo por fuera del límite jurisdiccional.

La presión pesquera preocupa a técnicos y ambientalistas porque no existe una coordinación internacional suficiente para administrar el recurso. Si la captura se mantiene en niveles elevados, el ecosistema puede sufrir un deterioro difícil de revertir. El problema no es solo económico: también involucra biodiversidad, sustentabilidad y soberanía alimentaria.

Una relación marcada por intereses cruzados

El Gobierno argentino enfrenta un equilibrio complejo. Por un lado, debe proteger los recursos marítimos y responder a las preocupaciones de defensa en el Atlántico Sur. Por otro, China es uno de los principales socios comerciales del país y comprador clave de productos como soja y carne vacuna, además de inversor en litio, energía renovable e infraestructura.

Esa combinación explica la cautela oficial al hablar de la flota china. Aunque Javier Milei había cuestionado en otras oportunidades la presencia de pesqueros ilegales, su administración evitó señalar directamente a Pekín en algunos pronunciamientos. La relación comercial obliga a manejar el tema con cuidado, incluso cuando aumentan las señales de alerta en materia de vigilancia marítima.

El caso muestra cómo la pesca, la soberanía y la geopolítica empiezan a mezclarse en el Atlántico Sur. La Argentina necesita controlar sus recursos y conocer qué hacen las embarcaciones que operan cerca de su zona económica exclusiva. En un escenario internacional cada vez más disputado, esa vigilancia ya no se limita a evitar pesca ilegal: también busca saber qué información puede estar circulando frente a la costa argentina.