La Justicia, en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, confirmó que el exsenador nacional Edgardo Kueider deberá quedar detenido cuando regrese a la Argentina desde Paraguay. El tribunal rechazó un pedido de exención de prisión presentado por su defensa y también negó el mismo planteo para Iara Guinsel Costa, pareja y exsecretaria del exlegislador. Ambos enfrentan en Paraguay un juicio por tentativa de contrabando y una investigación paralela por presunto lavado de activos.

La decisión fue tomada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, quienes ratificaron una resolución previa del Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. De esta manera, cuando las autoridades paraguayas autoricen su traslado, Kueider quedará a disposición de la Justicia argentina. En los tribunales federales de San Isidro lo espera una causa por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias y lavado de activos.

El caso que derivó en su expulsión del Senado

Kueider fue senador nacional por Entre Ríos hasta diciembre de 2024, cuando fue expulsado de la Cámara Alta luego de su detención en un control fronterizo en Ciudad del Este. El episodio ocurrió en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad, que conecta esa ciudad con Foz do Iguazú, en Brasil. Allí fue interceptado por personal de la Armada, la Aduana y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Paraguay.

Según la investigación paraguaya, el entonces legislador viajaba con Guinsel Costa en un vehículo en el que se encontró una mochila con 211.102 dólares, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes. El dinero no había sido declarado ante las autoridades aduaneras. A partir de ese hallazgo, la fiscalía de Paraguay inició una causa por tentativa de contrabando. Y al considerar que se intentó ocultar el traslado de divisas.

El juicio oral por ese hecho quedó en manos del Tribunal Especializado en Delitos Económicos de Asunción. Durante la primera audiencia, Kueider y Guinsel Costa se negaron a declarar. Sus defensas, sin embargo, adelantaron que ambos podrían hablar ante los magistrados en otra instancia del debate.

La investigación por lavado en Paraguay

Además del expediente por contrabando, la Fiscalía paraguaya abrió una segunda línea de investigación por presunto lavado de activos. En esa causa, Kueider y Guinsel Costa fueron imputados por maniobras financieras sospechadas de introducir fondos de origen ilícito en el circuito comercial legal. La acusación sostiene que se habría utilizado una empresa de fachada llamada Golsur S.A. para canalizar recursos y ocultar a los verdaderos propietarios del dinero.

Según la pesquisa, a través de esa estructura se habrían adquirido seis departamentos de lujo y sus respectivas cocheras en el proyecto residencial Innova Las Mercedes, en Asunción. Los investigadores señalaron que Guinsel Costa habría realizado desembolsos en efectivo entre abril y julio de 2024 por un total de 460.379 dólares. Esas operaciones quedaron bajo análisis judicial como parte del posible circuito de lavado.

Ante esos indicios, el juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia ordenó el embargo preventivo de las propiedades. También dispuso la prohibición de innovar y contratar sobre los bienes, con el objetivo de asegurar un eventual decomiso si la investigación avanza. En la misma causa fueron imputados Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, señalados como presuntos partícipes de las maniobras.

La situación judicial en la Argentina

La confirmación de la Cámara Federal de San Martín deja cerrado, por ahora, el intento de la defensa de evitar la detención de Kueider y Guinsel Costa en territorio argentino. El tribunal consideró que debía mantenerse el criterio fijado por la jueza Arroyo Salgado. Y quien ya había rechazado que los imputados transiten el proceso en libertad. La medida quedará operativa una vez que se concrete el regreso desde Paraguay.

En la Argentina, la causa apunta a reconstruir el origen del patrimonio atribuido al exsenador y su entorno. La investigación incluye posibles delitos vinculados con el ejercicio de la función pública. También el manejo de influencias y el circuito financiero asociado a los fondos detectados. La Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con nuevas medidas procesales una vez que los imputados estén bajo jurisdicción nacional.