El Gobierno nacional presentó un nuevo proyecto para modificar el Régimen de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca facilitar la incorporación de fondos no declarados al circuito formal de la economía. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la propuesta introduce cambios en los requisitos para adherir, las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y las garantías para los contribuyentes.

La reforma será enviada al Congreso en las próximas horas y surge luego de que el esquema original registrara una adhesión menor a la prevista. Según el Ejecutivo, las modificaciones apuntan a ampliar el alcance del régimen y brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan regularizar su situación patrimonial.

Los principales cambios del proyecto

Se amplía el acceso al régimen

Uno de los cambios más importantes es la eliminación de los límites de patrimonio e ingresos que restringían el acceso. De aprobarse la iniciativa, todas las personas humanas y las sucesiones indivisas podrán adherir al régimen, sin importar el monto de sus bienes o ingresos.

Además, el proyecto crea un mecanismo simplificado para los grandes contribuyentes inscriptos en ARCA. En estos casos, el organismo realizará una liquidación previa del impuesto y el contribuyente solo deberá efectuar el pago. Sin embargo, quienes opten por esta modalidad no accederán a beneficios como el efecto liberatorio ni a las presunciones favorables previstas para el régimen general.

Cambian las reglas sobre las diferencias detectadas por ARCA

La iniciativa redefine el concepto de «discrepancia significativa», que determina cuándo ARCA puede cuestionar una declaración.

El proyecto establece que existirá una diferencia relevante cuando el organismo detecte un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15%. No obstante, aunque se supere ese porcentaje, no se perderán los beneficios del régimen si el monto reclamado no alcanza el 5% del umbral previsto por la Ley Penal Tributaria, que actualmente equivale a $5 millones.

ARCA deberá probar las irregularidades

Otra modificación relevante es que la carga de la prueba pasará a recaer sobre ARCA. El organismo no podrá basarse únicamente en presunciones para cuestionar una declaración y deberá respaldar sus observaciones con información aportada por el propio contribuyente, datos de sus registros o documentación proveniente de terceros.

Además, el proyecto incorpora un mecanismo que permitirá conservar los beneficios del régimen si el contribuyente presenta una declaración jurada rectificativa y cancela la diferencia detectada, junto con los intereses correspondientes, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación.

Reintegro si el contribuyente gana el reclamo

La propuesta también incorpora un nuevo artículo que obliga a ARCA a devolver el dinero abonado por un contribuyente cuando una impugnación sea revocada de manera definitiva.

En esos casos, el organismo deberá reintegrar los importes pagados, junto con los intereses correspondientes, dentro de un plazo máximo de 45 días hábiles.

Habrá plazo para exteriorizar fondos

El proyecto fija como fecha límite el 31 de diciembre de 2027 para ingresar fondos no declarados al sistema formal.

Hasta ese momento, quienes adhieran podrán exteriorizar dinero correspondiente a períodos anteriores sin costos adicionales y con la protección del denominado «tapón fiscal», que impide que ARCA utilice esos fondos para investigar el origen del patrimonio previo, salvo que detecte una discrepancia significativa.

Se habilitan pagos en efectivo en operaciones inmobiliarias

El texto incorpora una aclaración específica para el mercado inmobiliario. Establece que los pagos en efectivo realizados en escrituras públicas serán compatibles con los beneficios del régimen, siempre que las operaciones queden debidamente documentadas ante escribano.

Según el Gobierno, esta modificación busca dar mayor seguridad jurídica a un sector donde las transacciones en efectivo continúan siendo frecuentes y habían generado dudas sobre la aplicación del régimen.