La Cámara Federal porteña ordenó unificar en un solo juzgado dos investigaciones vinculadas a Generación Zoe, el conglomerado empresarial encabezado por Leonardo Cositorto. Los expedientes, que tramitan en Comodoro Py, investigan presunto lavado de dinero, intermediación financiera no autorizada y estafas a más de un millar de inversores. A partir de la resolución, ambas causas quedarán bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo.

La decisión fue firmada por el camarista Roberto Boico y resolvió una disputa de competencia entre el Juzgado Federal 4 y el Juzgado Federal 12. El primero ya investigaba desde 2021 posibles maniobras de lavado de activos dentro de la estructura de Zoe. El segundo había recibido, por orden de la Corte Suprema, la causa por las defraudaciones denunciadas por damnificados del grupo.

Dos expedientes sobre una misma estructura

La investigación por estafas tramitó durante años en el fuero ordinario, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 1, hasta que la Corte Suprema definió que debía intervenir la Justicia federal. En paralelo, en Comodoro Py ya avanzaba otro expediente por presunta intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. La Cámara entendió que ambos procesos debían analizarse de manera conjunta.

El Juzgado Federal 12, a cargo de Julián Ercolini, había considerado que las maniobras investigadas estaban «íntimamente vinculadas entre sí» al declinar la competencia. En una causa se investiga la captación fraudulenta de fondos y en la otra el circuito por el que esos activos habrían circulado dentro del holding. Para la Justicia, ambas pesquisas se apoyan en un mismo núcleo de hechos, una misma organización y un conjunto común de operaciones económicas.

El criterio de la Cámara Federal

Al resolver la unificación en el juzgado de Lijo, el camarista Boico citó un dictamen del Procurador General de la Nación, al que luego se remitió la Corte Suprema para definir la competencia federal. Ese dictamen sostuvo que la presunta actividad financiera de las empresas investigadas habría dado apariencia de fiabilidad a la organización. Bajo esa hipótesis, esa estructura habría sido utilizada como medio para cometer las defraudaciones denunciadas.

El planteo también indicó que corresponde al fuero federal investigar si la intermediación financiera no autorizada fue el mecanismo que permitió afectar el patrimonio de los damnificados. Con ese argumento, la Cámara sostuvo que concentrar los expedientes en un mismo juzgado favorece una administración de justicia más ordenada y rápida. La decisión apunta a evitar duplicación de medidas y a reconstruir de manera integral el funcionamiento del grupo.

Cositorto, procesamientos y condenas

Leonardo Cositorto está procesado como presunto jefe de una asociación ilícita vinculada a 1.095 hechos de estafa. Según consta en resoluciones judiciales, Generación Zoe habría montado una estructura que se presentaba como una empresa próspera, con cursos de coaching, trading, liderazgo y servicios educativos tecnológicos. También ofrecía supuestas oportunidades de inversión en criptoactivos y negocios inmobiliarios.

El embargo contra Cositorto fue fijado en $10.000 millones. El daño calculado para los inversores asciende a US$16.062.089, $4.425.706 y €6500, de acuerdo con la información incorporada al expediente. Además de las investigaciones en Comodoro Py, el creador de Zoe ya tiene dos condenas firmes por asociación ilícita y estafas reiteradas en Corrientes y Salta.

El empresario también enfrenta procesos judiciales en Córdoba, donde se encuentra radicada la causa más grande, y en Santa Fe. La unificación de los expedientes federales porteños permitirá concentrar la pesquisa sobre el presunto circuito financiero de Zoe y su relación con las denuncias de los inversores. Para la Justicia, el punto central será determinar cómo se captaban los fondos, cómo circulaban dentro del entramado empresarial y qué responsabilidades penales corresponden atribuir.