Formalización laboral: cuánto pueden ahorrar las empresas y los riesgos antes de contratar
El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral ofrece a las empresas una reducción de hasta el 75% en las contribuciones patronales por la creación de nuevos puestos de trabajo. Según un informe de PMP – Contabilidad & Consultoría, una PyME que incorpore 10 empleados bajo este esquema puede ahorrar hasta $135,2 millones durante los cuatro años de vigencia del beneficio. En el caso de grandes empresas, la proyección puede llegar a $160 millones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este régimen como una de las herramientas para impulsar la contratación formal y acompañar la recuperación económica. El esquema permite reducir de manera significativa el costo laboral inicial, aunque los especialistas advierten que su aplicación exige controles estrictos. Si el trabajador incorporado no cumple los requisitos previstos, el empleador puede perder el beneficio y quedar obligado a pagar contribuciones adeudadas, intereses y multas.
Cómo funciona el beneficio para las empresas
El RIFL establece una reducción de cargas sociales durante 48 meses para nuevos empleos creados bajo las condiciones fijadas por la norma. En la práctica, las empresas que ingresen al régimen pueden acceder a una alícuota reducida del 5% en contribuciones patronales. Para una PyME, eso implica bajar desde el 18% habitual, mientras que para una compañía grande representa pasar desde el 20,4%.
De acuerdo con el análisis de PMP – Contabilidad & Consultoría, el alivio equivale a una reducción del 72,2% para PyMEs y del 75,5% para grandes empresas. La diferencia resulta especialmente relevante para actividades con uso intensivo de mano de obra, donde el costo de las contribuciones patronales tiene mayor peso dentro de la estructura general. El régimen es optativo y solo aplica sobre nuevas altas laborales.
El informe tomó como referencia un salario bruto promedio de $2.000.000, estimado sobre convenios de Comercio y de la Unión Obrera Metalúrgica. Con esa base, una PyME puede ahorrar $260.000 por mes por cada nuevo trabajador incorporado. En un año, el ahorro asciende a $3.380.000 por empleado; con 10 incorporaciones, la mejora anual ronda los $34 millones.
El plazo para adherir y el ahorro proyectado
El beneficio tiene una ventana de uso limitada. Según explicó Juan Pablo Perojo, CEO de PMP – Contabilidad & Consultoría, solo pueden ingresar al régimen las altas nuevas que se concreten hasta el 30 de abril de 2027. Ese plazo obliga a las empresas interesadas a planificar sus contrataciones con anticipación y a revisar si los postulantes cumplen las condiciones requeridas.
Si una PyME sostiene 10 puestos bajo el régimen durante los 48 meses permitidos, el ahorro total puede alcanzar $135,2 millones. Para una empresa grande, la proyección llega a $160 millones por la misma cantidad de incorporaciones. La diferencia se explica por la alícuota más alta que pagan habitualmente las compañías de mayor tamaño antes de acceder al beneficio.
Caputo defendió el esquema al señalar que las empresas cuentan ahora con mayor previsibilidad sobre el costo de contratar y desvincular personal. En una entrevista con LN+, afirmó que los empresarios pueden animarse a sumar trabajadores porque las cargas bajan de niveles cercanos a 18 puntos a solo dos, además de contar con un fondo para afrontar eventuales despidos. Esa referencia se vincula con la reforma laboral y con los instrumentos que el Gobierno busca activar para aumentar el empleo registrado.
Qué trabajadores pueden ingresar al RIFL
El punto más sensible del régimen está en la selección del trabajador. Para que una persona sea considerada empleable bajo el RIFL, debe cumplir al menos una de las condiciones previstas. Puede no registrar relaciones laborales declaradas al 10 de diciembre de 2025, acreditar desempleo total durante los seis meses previos a la contratación, provenir del empleo público nacional, provincial o municipal, o estar inscripta en el Monotributo bajo determinados parámetros.
Los especialistas recomiendan que las empresas documenten cada incorporación de manera cuidadosa. Perojo sugirió verificar la situación del postulante mediante el CUIL y solicitar una Declaración Jurada al momento del ingreso. Según advirtió, todavía existen dudas sobre la forma de validar algunos requisitos, por lo que el empleador debe reducir riesgos antes de aplicar el beneficio.
«Hay un riesgo oculto que muchos ignoran», señaló el titular de la consultora. El especialista explicó que, si el trabajador omitió información o no reunía las condiciones exigidas, el perjuicio puede recaer sobre la empresa. En ese caso, el empleador podría tener que devolver las contribuciones no pagadas, con intereses y sanciones.
Las restricciones que deben revisar los empleadores
El régimen prohíbe reemplazar personal activo por trabajadores incorporados bajo el incentivo. También impide reincorporar a empleados despedidos por la misma empresa dentro de los 12 meses previos. Para nuevos empleadores que inicien actividades después del 10 de diciembre de 2025, la norma establece que solo podrán afectar hasta el 80% de su nómina total al esquema promocional.
Otra condición relevante es la situación registral de la empresa. Quedan excluidas las firmas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. Ese punto refuerza la necesidad de revisar antecedentes y cumplimiento laboral antes de avanzar con nuevas altas bajo el beneficio.
El incentivo laboral aparece en un mercado de trabajo con desempleo estable, pero con mayor informalidad. Según el Indec, el desempleo se ubicó en 7,8% durante el primer semestre, con una baja de 0,1 puntos porcentuales respecto de 2025. La informalidad, en cambio, pasó de 42% a 44,2% en el último año.
Para el Gobierno, la formalización laboral es una vía para sumar empleo registrado y ampliar ingresos dentro del sistema. Para las empresas, el RIFL puede representar un ahorro importante, pero no funciona como una reducción automática sin condiciones. La conveniencia económica depende de cumplir los requisitos, documentar bien cada contratación y evitar altas que puedan ser cuestionadas más adelante.
