El ministro de Defensa, Carlos Presti, firmó una resolución que restablece las funciones de contrainteligencia militar dentro de las Fuerzas Armadas y deja sin efecto una normativa vigente desde 2006, dictada durante la gestión de Nilda Garré. La medida reorganiza el Sistema de Inteligencia de Defensa y vuelve a reunir áreas que habían sido separadas hace casi dos décadas. Según informó Infobae, el Gobierno sostiene que el esquema anterior limitó capacidades de prevención frente a amenazas externas, espionaje, sabotaje, terrorismo internacional e injerencias de otros Estados.

La resolución dispone que la contrainteligencia militar pase a depender del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Además, establece que el Sistema de Inteligencia de Defensa estará integrado por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto y las direcciones de inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El objetivo oficial es fortalecer la conducción conjunta y unificar criterios operativos entre las fuerzas.

Qué cambia con la nueva resolución

El texto firmado por Presti redefine la organización interna del sistema de inteligencia militar. Las direcciones generales de inteligencia de las Fuerzas Armadas serán consideradas componentes independientes entre sí, pero bajo control funcional de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Esa estructura apunta a concentrar la coordinación sin eliminar las capacidades específicas de cada fuerza.

Para el Ministerio de Defensa, la resolución de 2006 había dejado al sistema argentino en una situación excepcional frente a otros modelos de defensa. La posición oficial es que las Fuerzas Armadas quedaron con herramientas limitadas para proteger personal, infraestructura sensible, sistemas de información y capacidades estratégicas. En la nueva norma, el Gobierno sostiene que aquella regulación “debilitó” el sistema y lo volvió vulnerable frente a actividades de inteligencia de actores externos.

La contrainteligencia militar comprende tareas orientadas a prevenir, detectar y neutralizar espionaje, infiltración, sabotaje, obtención ilegal de información y operaciones contra capacidades militares o estratégicas. La resolución cita el Decreto 941/25 y plantea que esas funciones también deben servir para prevenir injerencias externas sobre el proceso decisorio de autoridades constitucionales. El enfoque oficial ubica esas tareas dentro de la defensa nacional y no como inteligencia interior.

Amenazas híbridas, ciberataques e injerencia externa

Entre los fundamentos, el Ministerio de Defensa sostiene que el escenario regional y mundial cambió de manera significativa en la última década. La resolución menciona nuevas formas de agresión, conflictos con tácticas híbridas, ciberataques y operaciones en el campo cognitivo. Ese último concepto refiere a acciones orientadas a influir sobre percepciones, decisiones, confianza institucional o cohesión social.

El Gobierno también menciona como amenazas el crecimiento de organizaciones terroristas y paraestatales con capacidad operativa internacional. En ese marco, aparecen citadas agrupaciones como Hezbollah y Hamas, además de posibles operaciones de injerencia impulsadas por potencias extranjeras. Funcionarios nacionales toman como referencia ataques recientes y conflictos internacionales para justificar la revisión de la doctrina militar.

La Casa Rosada observa además con preocupación las disputas geopolíticas vinculadas a infraestructura estratégica, ciberseguridad, inteligencia tecnológica y control de información sensible. En la visión oficial, esas amenazas ya no se limitan a un frente militar clásico. Pueden combinar espionaje, operaciones digitales, presión diplomática, manipulación informativa y acciones de grupos no estatales.

El límite sobre el espionaje interno

El Ministerio de Defensa remarcó que la resolución mantiene las prohibiciones legales vinculadas al espionaje interno. El artículo 8 impide obtener información o producir inteligencia sobre personas por razones de raza, religión, opinión política o pertenencia a organizaciones partidarias, sindicales, sociales o comunitarias. También prohíbe influir sobre la situación institucional, política, económica o social del país.

Ese punto busca anticipar cuestionamientos sobre posibles desvíos en materia de inteligencia interior. En Argentina, el uso de herramientas de inteligencia sobre ciudadanos, partidos, sindicatos u organizaciones civiles es un tema especialmente sensible desde el retorno democrático. Por eso, el Gobierno insiste en que la medida apunta a amenazas externas y al resguardo de capacidades militares.

La resolución también cuestiona que la norma de 2006 hubiera prohibido actividades de operaciones psicológicas dirigidas a enemigos o el monitoreo de acciones similares contra las propias fuerzas. Según el nuevo criterio, esa restricción dejó a las Fuerzas Armadas sin herramientas frente a maniobras destinadas a afectar su moral o su cohesión. El texto plantea que ese tipo de capacidades deben actualizarse frente al escenario actual.

Los plazos para reorganizar el sistema

La medida establece un plazo de 90 días para adecuar la doctrina de inteligencia y contrainteligencia militar. También fija 120 días para organizar, equipar, adiestrar y alistar los nuevos elementos de contrainteligencia militar y contrainteligencia en el dominio informacional. El objetivo declarado es reducir vulnerabilidades frente a actores estatales, paraestatales y organizaciones criminales de origen externo.

La Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto tendrá una doble responsabilidad de asesoramiento y asistencia. Deberá asistir tanto al ministro de Defensa como al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Además, el Comando de Operaciones Conjuntas desarrollará inteligencia operacional en tiempo de paz y fuera de los teatros de operaciones en tiempos de guerra.

La reforma se inscribe en una reconfiguración más amplia del sistema de inteligencia impulsada por el Gobierno. En los últimos meses, la administración nacional avanzó con cambios normativos y operativos para articular organismos de inteligencia, seguridad y defensa. La inauguración del Centro Nacional Antiterrorista, con cooperación de autoridades estadounidenses, forma parte de esa misma línea.

Una discusión sobre defensa e inteligencia

En el oficialismo consideran que la resolución corrige una anomalía estructural que había separado funciones consideradas complementarias en los sistemas modernos de defensa. Para el Ministerio, inteligencia y contrainteligencia militar deben operar de manera coordinada para proteger información, personal, infraestructura y capacidades estratégicas. La medida vuelve a poner esa discusión dentro de la agenda de defensa nacional.

La decisión también abre un debate político y jurídico sobre los límites de la inteligencia militar en democracia. El Gobierno afirma que la reforma apunta exclusivamente a amenazas externas y que no habilita tareas sobre actores políticos, sindicales o sociales. El punto que quedará bajo seguimiento será cómo se implementa la nueva doctrina y qué controles se aplican sobre las capacidades restablecidas.