El acusado de realizar reiteradas falsas amenazas de bomba en Casa de Gobierno, la Legislatura, Tribunales y otros lugares estatales y privados es Gabriel Ernesto Valdez. Todas las llamadas fueron dentro del mismo periodo durante octubre del año pasado. En las últimas averiguaciones, se le sumaron otras 7 acusaciones por intimidación pública, contando ya 16, por ende se le extendió a 2 meses más de prisión preventiva.

El día 6 de octubre, Valdez era imputado por 9 amenazas de bomba hechas entre el 15 y 29 de septiembre del 2023. Algunos de los lugares afectados fueron la escuela Obispo Molina, un supermercado de Benjamín Araoz al 1.100, Tribunales de avenida Sarmiento, Casa de Gobierno, el Palacio de los Deportes y la Legislatura. Al continuar con las investigaciones, se descubrió que el joven es actor de otras 7 amenazas más en lugares reiterados, esto a través de la Fiscalía de cibercriminalidad a cargo de Carlos Saltor. Sumado a esto, Valdez amedrentó a la estación de servicio ubicada en Benjamín Aráoz 1.100, lo confirmó la auxiliar fiscal Jessie Luz García.

Según aclara la representante del MPF, Gabriel realizó estos delitos bajo la justificación de problemas familiares, lo que derivó en múltiples denuncias entrecruzadas con su expareja de apellido González, por lo que habría realizado estas amenazas con el fin de perjudicar a la familia de González, entorpeciendo la causa con pruebas falsas, adquiriendo líneas telefónicas a nombre de Luis Alberto González, padre de la expareja.

Sumado a esto, desde la fiscalía de Género se confirmó que hay 38 causas abiertas por denuncias entre Valdez y la hija de González. Entonces, sumando todos los antecedentes y las acusaciones, la auxiliar fiscal pidió la extensión de la prisión preventiva para poder realizar las pericias restantes. A su vez, la defensora Clara Suárez Amado pidió que esta medida se cumpla bajo arresto domiciliario, con la colocación de un rastreador electrónico, además de pedir la atención psiquiátrica para su cliente en el hospital Obarrio.
El juez Di Lella, resolvió otorgar la extensión de la prisión preventiva y acceder al pedido de la fiscalía , por último otorgar el traslado al Obarrio o cualquier institución mental para prevención.