En la localidad de Valcheta, Río Negro, un hombre inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios enfrenta una sanción única impuesta por la Justicia debido a su incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria para sus cuatro hijos. Carolina Scoccia, jueza de Familia de Viedma, dictaminó que el individuo no podrá cargar combustible en las estaciones de YPF de su localidad hasta que regularice sus pagos. Además, se ordenó el embargo del 15% de sus contrataciones con el municipio de Valcheta, incluyendo contratos de obras y servicios generales.

La medida también prohíbe al hombre ofrecer servicios al supermercado local hasta que demuestre el pago de las prestaciones alimentarias. Este embargo abarca actividades como la contratación, venta de productos o bienes, transporte y mudanzas. La sanción surge tras múltiples apercibimientos por no cumplir con las obligaciones alimentarias establecidas en una mediación previa. Donde se acordó que debía pagar un 20% de sus ingresos, incrementándose a 30% del salario mínimo vital y móvil.

Este tipo de medidas no es inédita en Río Negro. A fines de septiembre, se impuso una sanción similar a otro individuo en General Roca por no cumplir con el pago de alimentos y los días de convivencia acordados con su hija. En ese caso, se le prohibió el ingreso a canchas de fútbol y a la Asociación Española de la ciudad. Las autoridades han enfatizado la importancia de estas acciones para asegurar que los padres cumplan con sus responsabilidades financieras hacia sus hijos. Garantizando así su bienestar y desarrollo.

El Ministerio Público de la Defensa subraya que el derecho alimentario está consagrado como un derecho humano fundamental. Y vinculado al derecho de los niños a una vida digna y a una salud adecuada. La Convención de los Derechos del Niño en su artículo 27 establece la responsabilidad de los progenitores y del Estado en asegurar este derecho. En lo que va del año, el fuero de Familia de Río Negro ha tramitado 709 demandas por alimentos de un total de 9.393 nuevos ingresos. Siendo más de la mitad relacionados con casos de violencia, y el resto principalmente sobre alimentos, divorcios y régimen de comunicación.