El proceso de extradición que involucra al empresario Federico “Fred” Machado quedó confirmado tras la decisión de la Corte Suprema de la Nación, que avaló el pedido formulado por la justicia de Estados Unidos para que sea juzgado por asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

La causa se inició a partir de la solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses, que buscan someter a Machado a juicio en el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal dictó un auto de procesamiento contra él y otras ocho personas. Según el expediente, enfrenta cinco cargos principales: integrar una organización criminal vinculada a la posesión y distribución de cocaína, complicidad en la fabricación y tráfico de esa droga hacia Estados Unidos, asociación ilícita para cometer lavado de dinero y conspiración para perpetrar fraude electrónico.

Durante el proceso, la defensa de Machado, representada por Norberto F. Oneto y Roberto Rallin, planteó objeciones como la ausencia de “doble incriminación”, cuestionamientos a la imparcialidad del juez interviniente y la supuesta violación al principio de igualdad de armas, al participar tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal frente a dos defensores. También alegaron la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 24.767 y el principio de ne bis in idem.

El empresario fue además vinculado al diputado liberal José Luis Espert, quien renunció recientemente a su candidatura legislativa por La Libertad Avanza tras conocerse sus lazos con Machado. Según la causa, Espert habría recibido una transferencia de alrededor de USD 200.000 en concepto de asesoría para un proyecto minero en Guatemala y realizado unos 30 vuelos en aviones privados financiados por Machado durante su campaña presidencial de 2019.

La defensa también solicitó información sobre la situación procesal de la coimputada Kayleigh Moffet, quien fue condenada mediante acuerdo por los cargos 4 y 5, y de Debra Mercer Lynn Erwin, condenada tras juicio por los cargos 1, 2, 4 y 7. Estados Unidos reiteró su interés en la extradición de Machado, y la Procuración General de la Nación propuso confirmar la medida.

Con el fallo de la Corte Suprema, se ratificó la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén de conceder la extradición. Machado permanece bajo prisión domiciliaria en Argentina a la espera de su entrega a las autoridades estadounidenses.

La decisión final recaerá en el Poder Ejecutivo, que deberá resolver en un plazo de diez días hábiles si concede o rechaza la medida. Según la legislación vigente, el Ejecutivo puede denegar el pedido por razones de soberanía nacional, seguridad, orden público u otros intereses esenciales para la Argentina.