La causa que involucra a Gustavo Beltrán, ex jefe de la Unidad Regional Norte, sumó nuevas revelaciones. La investigación confirmó que el comisario utilizaba a detenidos por delitos sexuales y a personal policial para realizar tareas de albañilería en una construcción ubicada en El Cadillal. Ahora, investigan si la obra se levantaba presuntamente en un terreno usurpado que pertenece a la Provincia.

Según la fiscal Mariana Rivadeneira, desde hace dos meses Beltrán habría trasladado a cuatro condenados hacia la sede de la URN en Tafí Viejo sin registrarlo y sin autorización judicial. El objetivo era emplearlos para trabajos personales. Tres de los detenidos debían cumplir condena en la comisaría de Chuscha y el cuarto en Yerba Buena.

La acusación señala que el martes Beltrán, junto a los sargentos Osvaldo Teseira y Luis Trejo, asentó de manera falsa en el libro de guardia una salida de móvil hacia Chuscha. En realidad, la camioneta se habría dirigido al inmueble que el comisario construye en El Cadillal. El dato fue expuesto en audiencia por el auxiliar fiscal Federico Lizárraga, asistido por Brenda Deroy.

Mientras se confirmaba la hipótesis judicial, desde Casa de Gobierno surgió otro punto clave: Beltrán habría ocupado un lote provincial incluido en uno de los loteos irregulares registrados en la zona. El ex jefe policial no figuraría entre quienes intentaron regularizar la situación dominial mediante el mecanismo habilitado por una ley provincial.

El caso abrió dudas sobre la participación de otros miembros de la fuerza. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el jefe de Policía, Joaquín Girvau, informaron que ocho efectivos fueron pasados a disponibilidad. Entre ellos hay cuatro comisarios, dos oficiales y dos suboficiales.

Fueron separados Roberto Edim Nasser, Germán Russo y Nelson Aragón, jefes del Grupo de Infantería de la URN, además del oficial Walter Hugo Frías, quien estaba a cargo de la guardia. En esa unidad permanecían alojados los cuatro condenados que trabajaban como albañiles para Beltrán. También quedaron en disponibilidad la comisaria Fabiana Villagrán y las sargentos Gladys Paz e Ivana Velárdez, que cumplían funciones administrativas en la Regional.

Todos están bajo investigación administrativa y los resultados serán enviados a la fiscala, quien deberá definir la situación procesal de cada uno. Paralelamente, avanzó la audiencia de formulación de cargos contra Beltrán, Teseira y Trejo.

El defensor de los tres acusados, Augusto Avellaneda, intentó anular el procedimiento que derivó en la imputación. Alegó que el ministro Agüero Gamboa actuó sin autorización al dirigir el operativo. Rivadeneira rechazó ese planteo y sostuvo que el ministro intervino ante un delito flagrante. El juez Eduardo González coincidió y desestimó la nulidad.

La fiscal imputó a Beltrán por peculado de uso y servicio, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público. A Teseira y Trejo les atribuyó peculado y falsificación en distintas calificaciones.

La audiencia se interrumpió cuando Teseira sufrió un pico de presión y los médicos pidieron suspender el trámite. El juez ordenó un cuarto intermedio hasta hoy. Aún resta resolver el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscala para los tres acusados y la declaración de causa compleja, planteos que la defensa anticipó que rechazará y apelará.