Belgrano Cargas, empresa ferroviaria creada en 2013 durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue constituida como una sociedad anónima con el Estado como único accionista. Aunque posee esa figura jurídica, el 75% de sus acciones pertenece a Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE) y el 25% restante a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP).

Al cierre de la gestión de Mauricio Macri en 2019, la compañía contaba con 1.168 empleados. Sumando los trabajadores absorbidos de las líneas San Martín, Urquiza, Belgrano y Tafí Viejo, la cifra ascendía a 3.939. Sin embargo, al inicio del mandato de Javier Milei, se encontró que la plantilla había aumentado a 4.644 trabajadores. Lo que implica que durante la administración anterior se incorporó un empleado cada tres días, totalizando 122 incorporaciones por año.

Esta expansión en la plantilla de Belgrano Cargas representa una quinta parte del personal de la Operadora Ferroviaria (SOFSE). Es decir, la empresa madre del holding ferroviario que opera ocho servicios distintos, incluyendo los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El actual gobierno considera que Sofse también cuenta con una dotación superior a la necesaria, habiendo registrado 4.266 incorporaciones entre 2019 y 2023.

Desde el comienzo de la gestión de Milei, se redujo el personal de Belgrano Cargas en 215 empleados. Para cubrir las desvinculaciones de 192 de ellos, se requirieron transferencias del Tesoro por $3.360 millones. La Oficina del Presidente describió a la empresa como «sobredimensionada» y con una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones. A pesar de ello, la compañía cerró el primer semestre del año con un resultado financiero positivo de $9.067,3 millones, revirtiendo la tendencia negativa del año anterior, en parte gracias a las transferencias gubernamentales que sumaron $37.030 millones.

La posible privatización de Belgrano Cargas cuenta con el visto bueno de la Unión Ferroviaria, el sindicato más influyente del sector. Su líder, Sergio Sasia, mantiene reuniones periódicas con la Secretaría de Transporte y ha asegurado que cualquier interesado en la concesión deberá absorber a los 4.429 empleados actuales. Este acercamiento al gobierno ha generado tensiones con otros sectores sindicales, como los liderados por los Moyano, quienes buscan desplazar a Sasia de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte.