A través de una resolución, el Gobierno nacional despidió a 100 empleados de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA) y anunció su cierre. Por otro lado, cerró un estudio de TV portátil que se encontraba a cargo de la entidad. Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el organismo que nació a partir de la Ley de Medios (Ley N° 26.522), fue una herramienta del kirchnerismo para denunciar y perseguir a periodistas críticos a la administración de Cristina Fernández de Kirchner.

El anuncio de Sturzenegger

El funcionario dio a conocer la eliminación del ente vía red social X y cuestionó su funcionamiento durante los gobiernos K. «Por años, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual dio cobijo a una nutrida concurrencia de militancia rentada. Aproximadamente la mitad de los empleados eran del partido de La Matanza. Desde su creación en 2009, los argentinos hemos contribuido 70 millones de dólares para sostener este organismo. Para tener una idea de los montos involucrados, en 2023 cada denuncia le costó al contribuyente unos 1,5 millones de pesos», explicó. «Entre otros dislates, este cuerpo tenía un estudio de televisión portátil con el que se recorría la costa en temporada estival, invitando a los chicos a participar en un adoctrinamiento en contra de los críticos del kirchnerismo», agregó.

Denuncias e intervención del organismo

La Defensoría, actualmente depende del Poder Legislativo y está a cargo de la funcionaria Soher El Sukaria. La actual titular avanzó en la nueva reglamentación que le permitió al gobierno achicar la planta de personal. No obstante, en agosto, la vicepresidente Victoria Villarruel, intervino la entidad por 180 días. El objetivo era buscar irregularidades en el funcionamiento y el manejo de fondos. La investigación estuvo centrada especialmente en la última gestión, que estuvo bajo la conducción de la exfuncionaria Miriam Lewin.

Tras esta auditoría, se detectó que el organismo destinó gran parte de su presupuesto, de unos 10 millones de pesos diarios, en realizar capacitaciones para empresas de comunicación y periodistas, muchos de los cuales son sistemáticamente denunciados. Debido a que las quejas siempre son hacia los mismos grupos y profesionales de comunicación, las autoridades nacionales sospechan que se trataba de “un sesgo ideológico» y que se intentaba controlar la libertad de expresión.