El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó este lunes que la reforma electoral en Tucumán no se tratará durante este año y que el oficialismo decidió frenar su avance ante la falta de consensos políticos en la Legislatura. La definición se tomó tras una reunión en Casa de Gobierno junto al vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente subrogante del cuerpo, Sergio Mansilla, donde se evaluaron las dificultades para alcanzar acuerdos amplios.

En diálogo con la prensa, Jaldo explicó que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo venían trabajando sobre distintos proyectos, pero remarcó que la prioridad fue siempre impulsar una reforma con respaldo político suficiente. “Queríamos sacar una reforma con consenso”, sostuvo, y reconoció que cualquier cambio en el sistema electoral involucra intereses partidarios diversos y posiciones legítimas dentro del marco democrático.

En ese escenario, perdió fuerza la posibilidad de que el período legislativo cierre con modificaciones de peso como la reducción de los acoples, la paridad de género o la incorporación de nuevas herramientas electorales. Aunque la reforma permaneció formalmente en agenda, el propio gobernador admitió que no estaban dadas las condiciones políticas para avanzar de inmediato.

La decisión también se vio reflejada en señales institucionales concretas, como la ausencia en la agenda oficial de la Legislatura de la reunión conjunta entre las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y Legislación General, que debía servir para consensuar dictámenes. Ese encuentro quedó supeditado a definiciones del Ejecutivo y finalmente no se concretó.

Según fuentes legislativas, de los cuatro ejes que seguían en análisis —acoples, ficha limpia, puntaje para docentes que actúen como autoridades de mesa y otras modificaciones menores— solo algunos aspectos puntuales tenían chances de tratarse, aunque sin impacto estructural. El puntaje para docentes aparecía como el tema con mayor viabilidad, al ser considerado el menos controversial.

Desde el oficialismo admitieron que el proceso de discusión no logró cohesionar posiciones internas ni generar acuerdos con la oposición. Frente a ese panorama, se impuso la idea de postergar el debate para evitar una votación apresurada que derivara en mayor polémica e incertidumbre política. “No nos vamos a dejar apurar”, afirmó Jaldo, al remarcar que el espacio gobernante no tiene urgencias electorales.

El mandatario también relativizó la incidencia del sistema de votación en los resultados políticos. Recordó que el frente oficialista obtuvo un triunfo contundente en las últimas elecciones nacionales, incluso bajo un esquema distinto, y sostuvo que el mecanismo electoral no condicionó el respaldo ciudadano.

En relación con la paridad de género, Jaldo reconoció que se trata de uno de los puntos con mayor consenso político, aunque aclaró que su tratamiento depende de la decisión de la Legislatura y de los distintos bloques. No descartó que ese tema pueda abordarse de manera individual o dentro de un paquete integral más adelante.

Además, desde Casa de Gobierno señalaron que eventuales modificaciones electorales impulsadas por el Gobierno nacional podrían volver a alterar el escenario. Con elecciones provinciales previstas recién para 2027, el Ejecutivo sostuvo que existe margen suficiente para retomar el debate en 2026 y trabajar en una reforma más sólida.

“Nosotros queremos sacar una reforma que tenga el mayor consenso posible. Sabemos que nunca va a ser total, y mucho menos cuando se trata de una reforma electoral donde hay muchos intereses políticos de por medio”, expresó Jaldo. Y concluyó: “Si entendemos que podemos llegar a un mayor consenso el año que viene, es preferible tratarla el año que viene. A la Legislatura no hay que apurarla; hay que dejarla que maneje sus tiempos y busque acuerdos dentro del sistema democrático en el que vivimos”.