Una resolución judicial que ordenó al Gobierno de Chubut comprar carne roja para reforzar la alimentación de personas detenidas en cárceles de Trelew abrió una fuerte disputa entre el Poder Ejecutivo provincial y la Justicia. El gobernador Ignacio Torres adelantó que no acatará la medida y cuestionó con dureza al sector judicial que impulsó el planteo.

La orden fue dictada por el juez Marcelo Nieto Di Biase, quien otorgó al Ejecutivo un plazo de 72 horas para concretar la adquisición. La decisión surgió después de una audiencia realizada en el marco de un hábeas corpus colectivo presentado por internos de un pabellón del Instituto Penitenciario Provincial (IPP).

El reclamo no comenzó con la resolución. Desde marzo, el Ministerio de la Defensa Pública plantea cuestionamientos sobre la calidad de la alimentación proporcionada a los detenidos y reclama un mayor aporte de proteínas, incluyendo casos de personas que deben seguir tratamientos médicos.

Torres rechazó la decisión del juez

El gobernador respondió públicamente y calificó la resolución como una expresión de «garantismo berreta». También sostuvo que determinadas decisiones judiciales colocan, a su criterio, las necesidades de los condenados por encima de las preocupaciones de las víctimas y del resto de la población.

«Hay que terminar de una vez por todas con el garantismo berreta de un sector de la Justicia que parece estar más preocupado por los delincuentes que por los derechos de los chubutenses de bien», afirmó Torres.

El mandatario vinculó la controversia con otros reclamos que mantiene hacia parte del Poder Judicial. Mencionó dificultades para conseguir autorizaciones de allanamiento y para retirar teléfonos celulares de las cárceles como parte de las medidas destinadas a combatir estafas realizadas desde establecimientos penitenciarios.

«Son los mismos jueces que muchas veces ponen trabas para autorizar un allanamiento, que dificultan que podamos sacarles los celulares a los presos para terminar con las estafas desde las cárceles y que ahora pretenden decirnos cuánta carne roja tiene que comer por día un delincuente», expresó.

Torres afirmó además que en Chubut «los delincuentes ya no tienen coronita» y consideró la orden judicial una «falta de respeto». Su rechazo plantea ahora un conflicto institucional ante una disposición cuyo cumplimiento había sido exigido dentro de un plazo determinado.

El Gobierno ya había iniciado una compra

Antes de la controversia pública, el subsecretario de Justicia de Chubut, Rodrigo Miquelarena, había informado que la administración provincial inició un expediente para adquirir carne destinada a mejorar las comidas proporcionadas tanto en la Alcaidía Policial como en el IPP.

La cuestión discutida judicialmente está vinculada con las condiciones de alimentación de las personas privadas de libertad y, en particular, con el contenido proteico de las viandas. El planteo de la Defensa Pública incluye situaciones médicas específicas entre los internos.

La resolución de Nieto Di Biase estableció que el Ejecutivo debía avanzar con la compra dentro de las 72 horas posteriores a la intimación. Torres, sin embargo, dejó públicamente planteado que su administración no pretende cumplir la orden en los términos fijados por el magistrado.

El gobernador sostuvo que la prioridad de su gestión debe estar colocada en las víctimas de los delitos. «Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar al ciudadano de bien, al que la verdad le indigna mucho ver cómo quien cometió un delito tiene a la Justicia poniéndolo en el lugar de víctima en vez de victimario», afirmó.

La controversia queda ahora abierta entre una resolución judicial surgida de un hábeas corpus colectivo y la negativa anunciada por el Ejecutivo provincial. El próximo paso dependerá de cómo avance el expediente y de la respuesta judicial ante la posición comunicada por Torres.