La causa por la muerte de Érika Antonella Álvarez, cuyo cuerpo fue encontrado en un basural de Manantial Sur en enero, quedó formalmente elevada a juicio luego de cuatro jornadas de audiencia. La jueza aprobó el requerimiento de apertura del debate oral y público, por lo que las actuaciones serán remitidas a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), que deberá sortear el tribunal y establecer la fecha del juicio.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por Pedro Gallo, quien participó de las audiencias junto a la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma. Actualmente están imputados Felipe Sosa, de 50 años; Justina Gordillo, de 48; y Jorge “Chicho” Díaz, de 41.

La Fiscalía acusó a Sosa como autor del delito de femicidio y solicitó que sea condenado a prisión perpetua. Para Gordillo pidió seis años de prisión efectiva por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado, mientras que para Díaz requirió la misma pena por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave.

Las pretensiones del Ministerio Público Fiscal contaron con la adhesión de la querella. En tanto, Nicolás Navarro Flores, de 37 años, ya fue condenado el 29 de julio mediante un juicio abreviado a tres años de prisión.

Por qué la Fiscalía sostiene que fue un femicidio

Durante la audiencia, Gallo explicó los fundamentos utilizados para encuadrar la acusación contra Sosa como femicidio. El fiscal señaló que la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad que, según la investigación, habría sido aprovechada por el acusado para establecer una relación desigual de poder.

“Nosotros ponemos mucho foco en la especial vulnerabilidad de Érika. Vulnerabilidad como mujer, pero también una vulnerabilidad en la relación con Sosa de tipo económico y social. Sumado también a un problema de consumo problemático que padecía la víctima. Todo eso fue aprovechado por Sosa para generar una clara relación desigual de poder entre ambos”, señaló Gallo.

El fiscal también sostuvo que existió una cosificación de Álvarez y vinculó esa hipótesis con elementos obtenidos durante el análisis del teléfono celular de Sosa. “Esto surge del análisis del teléfono celular del imputado, quien tenía expresiones absolutamente denigrantes para con las mujeres y particularmente para las mujeres que convocaba para encuentros en su domicilio. Él consideraba a Érika un objeto más de divertimento”, afirmó.

Gallo además se refirió a las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo de la joven. “Desde nuestro punto de vista, inclusive la forma en que se le da muerte y termina la víctima envuelta en una bolsa en un basural es hasta simbólico y significativo”, expresó.

Qué pruebas llegarán al juicio

Durante las cuatro jornadas, las partes acordaron más de 25 convenciones probatorias y fueron admitidas las pruebas testimoniales e instrumentales propuestas para el debate. La Fiscalía anunció que llevará 77 testigos, entre ellos Navarro Flores, personal policial, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y personas vinculadas con los acusados y la víctima.

También fueron admitidas distintas evidencias incorporadas durante la investigación. Entre ellas se encuentran estudios genéticos de ADN, registros de cámaras de seguridad públicas y privadas, información digital obtenida de dispositivos electrónicos y elementos secuestrados durante los procedimientos.

Entre los objetos que serán parte de la prueba se encuentran las bolsas utilizadas para cubrir el cuerpo de Álvarez, cuerdas y teléfonos celulares, además de otros elementos incorporados al expediente. Con la apertura a juicio ya aprobada, resta ahora que la OGA realice el sorteo del tribunal y establezca cuándo comenzará el debate oral y público.

La acusación contra Felipe Sosa

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público Fiscal, el 7 de enero de 2026, alrededor de las 3:37, Álvarez salió de su domicilio de Gerónimo Helguera 1701, en San Miguel de Tucumán, y tomó un automóvil de Uber rumbo a la vivienda de Sosa, ubicada en Santo Domingo 1100, Yerba Buena. La joven llegó aproximadamente a las 3:50.

La Fiscalía sostiene que entre las 3:50 y las 7, Sosa habría utilizado la relación asimétrica de poder y la situación de vulnerabilidad de Álvarez para golpearla con violencia en las zonas craneofacial y cervical. Según la acusación, las lesiones provocaron su muerte por un traumatismo craneofacial y cervical.

Qué se les atribuye a Gordillo y Díaz

Respecto de Justina Gordillo, la acusación sostiene que mantuvo comunicaciones con Sosa desde las 7:32 del 7 de enero y que luego se presentó en su domicilio, donde permaneció durante varias horas. La Fiscalía también le atribuye haber regresado al lugar esa misma noche y haber colaborado con el ocultamiento del cuerpo, la eliminación de rastros y la desaparición de elementos vinculados con Álvarez y del vehículo utilizado por Sosa.

Además, el Ministerio Público sostiene que Gordillo habría colaborado con la fuga de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires. Para ello, según la acusación, habría puesto a su disposición una motocicleta KTM y posteriormente dinero e información relacionada con la investigación, con el objetivo de ayudarlo a eludir a la Justicia y obtener un beneficio patrimonial.

En cuanto a Jorge “Chicho” Díaz, la Fiscalía señala que el 7 de enero, alrededor de las 15:17, llegó al domicilio de Sosa a bordo de una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a “Mundo Limpio”. Según la acusación, allí habría colaborado con la eliminación de rastros del cuerpo, la desaparición del teléfono de Álvarez y la limpieza del lugar.

La Fiscalía también sostiene que Díaz retiró del domicilio un estuche que contenía una pistola calibre 40 marca Glock, una escopeta calibre 12, 11 cartuchos calibre 40 y cuatro cartuchos calibre 12. De acuerdo con la acusación, esos elementos habrían sido entregados por Sosa para que fueran ocultados.