El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, destacó el trabajo realizado en los últimos meses para cubrir vacantes en el Poder Judicial y reconoció especialmente la tarea del Ministerio de Justicia y del Senado de la Nación. Lo hizo durante el acto por la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en Misiones, encabezado por el ministro Juan Bautista Mahiques.

Durante su intervención, Rosatti sostuvo que el funcionamiento pleno del sistema judicial depende de contar con jueces, fiscales y defensores suficientes. «No hay un discurso republicano, ni de defensa de la justicia, que se pueda asentar sobre la base de un sistema judicial que carezca de jueces, fiscales y defensores», afirmó.

El titular de la Corte remarcó luego los avances producidos en la cobertura de cargos vacantes. «Vaya mi reconocimiento especial al señor ministro por lo que se viene haciendo en los últimos meses en materia de cobertura de las vacantes, y esperamos que esto siga así. Y también el reconocimiento al Senado de la Nación, por supuesto», señaló.

Rosatti agregó que el Poder Judicial llegó a trabajar con niveles de vacancia de entre 25% y 30%, una situación que consideró difícil de sostener. «Necesitamos un sistema judicial que funcione a pleno, y para eso necesitamos a nuestra gente», expresó.

Misiones incorporó el sistema acusatorio federal

El acto se realizó en el Centro de Convenciones del Parque del Conocimiento, en Posadas, con motivo de la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en toda la provincia. Además de Rosatti y Mahiques, participaron el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña; el procurador general interino, Eduardo Ezequiel Casal; el defensor general de la Nación, Julián Langevin; y el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

La reforma comenzó a aplicarse en las sedes judiciales de Posadas, Eldorado, Oberá y Puerto Iguazú. Con la incorporación de Misiones, el nuevo Código pasó a funcionar en diez distritos federales y 17 provincias.

El sistema acusatorio modifica la distribución de responsabilidades dentro de las causas penales federales. El Ministerio Público Fiscal queda encargado de dirigir la investigación y formular la acusación, mientras que los jueces intervienen como terceros imparciales para resolver los planteos realizados por las partes.

La nueva dinámica se basa en principios como oralidad, contradicción, inmediación, publicidad y concentración. Esto implica una reducción del peso del expediente escrito y una mayor utilización de audiencias para resolver las diferentes etapas de los procesos.

Capacitación, tecnología e infraestructura

La implementación en Misiones estuvo precedida por actividades de capacitación organizadas por el Ministerio de Justicia para jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos. También se incorporó tecnología y se adecuaron distintos espacios para el funcionamiento de las audiencias.

El Consejo de la Magistratura informó que fueron preparadas seis salas distribuidas entre Posadas, Puerto Iguazú, Oberá y Eldorado, además de dependencias correspondientes a la Oficina Judicial. La inversión en infraestructura y mobiliario alcanzó los $103.776.700.

La Procuración General reorganizó además su estructura mediante la Resolución PGN 59/26 y creó la Fiscalía de Distrito de Misiones, que concentra la representación del Ministerio Público Fiscal dentro de la provincia bajo el nuevo modelo.

La jurisdicción presenta una relevancia particular por su extensa frontera internacional y el movimiento permanente de personas y mercaderías. Esa condición coloca a la Justicia federal frente a investigaciones relacionadas con contrabando, narcotráfico y otros delitos de carácter transnacional.

Cómo continúa el cronograma

La siguiente etapa de implementación del Código Procesal Penal Federal está prevista para el 21 de septiembre de 2026 en la jurisdicción federal de La Plata. Posteriormente, el sistema comenzará a aplicarse en la Ciudad de Buenos Aires desde el 15 de febrero de 2027 y en Córdoba a partir del 8 de marzo.

Para las jurisdicciones federales de Tucumán, Paraná y San Martín, además de la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, todavía no fueron establecidas las respectivas fechas de implementación.

La puesta en marcha del sistema en Misiones se produjo en paralelo con el avance de las designaciones judiciales destacado por Rosatti. El presidente de la Corte pidió sostener ese proceso para reducir el nivel de vacantes y permitir que la nueva estructura procesal funcione con la cantidad necesaria de magistrados, fiscales y defensores.