La Justicia federal de Salta imputó a 15 personas por su presunta participación en una organización dedicada a falsificar certificados médicos y otra documentación utilizada para tramitar pensiones no contributivas por discapacidad. Entre los acusados aparecen funcionarios y exfuncionarios públicos, profesionales de la salud, empleados municipales y un comerciante. La investigación se concentra principalmente en las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González, dentro del departamento de Anta.

La acusación fue presentada por el fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, ante el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy. El magistrado otorgó un plazo de un año para continuar con la investigación y dispuso durante el mismo período la anotación de litis sobre bienes pertenecientes a los imputados.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el circuito comenzaba con la captación de personas interesadas en acceder a una pensión y continuaba con la elaboración o adulteración de certificados, estudios y diagnósticos. Los investigadores sostienen que en algunos casos se consignaban enfermedades inexistentes o se utilizaban estudios correspondientes a otros pacientes.

Funcionarios, médicos y empleados públicos entre los acusados

Entre los imputados figuran distintos profesionales médicos, además de Oscar Luna, exgerente del hospital de El Quebrachal, y Francisco Gerardo Orellana, actualmente diputado provincial por Anta. También fue acusado Edmundo Dante Salazar, exjefe de la sucursal de ANSES de El Quebrachal.

La nómina incluye además al bioquímico Luciano Benjamín Esteban, empleados municipales y un comerciante identificado como Hugo M. La fiscalía atribuyó diferentes responsabilidades según el supuesto papel que cada persona habría desempeñado dentro del esquema.

Los delitos investigados incluyen asociación ilícita, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las imputaciones representan el inicio formal de esta etapa del proceso y no implican una declaración de culpabilidad.

La causa comenzó en julio de 2024 y avanzó mediante 26 allanamientos realizados en domicilios particulares, consultorios, hospitales, clínicas privadas y dependencias municipales. Durante esos procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, documentación y listados que, según la acusación, contendrían información sobre personas que habían pagado para realizar trámites.

Investigan cobros por gestiones que eran gratuitas

El Ministerio Público Fiscal informó que parte de los teléfonos ya fue sometida a peritajes. De acuerdo con la investigación, los mensajes encontrados permitieron reconstruir contactos entre algunos de los sospechosos e identificar personas que habrían abonado dinero o todavía mantenían deudas por las gestiones.

La hipótesis fiscal sostiene que algunos solicitantes eran derivados hacia consultorios o establecimientos privados relacionados con integrantes del grupo. Allí se habrían confeccionado diagnósticos vinculados con patologías como Chagas, diabetes o problemas de columna con porcentajes de incapacidad suficientes para avanzar con la solicitud de una pensión.

En el caso del bioquímico Esteban, los investigadores sostienen que habría proporcionado estudios pertenecientes a pacientes que efectivamente presentaban determinadas enfermedades para utilizarlos posteriormente en expedientes correspondientes a otras personas. Esa acusación deberá ser acreditada durante el desarrollo de la causa.

Otro de los investigados es el propietario de un kiosco ubicado cerca del hospital de El Quebrachal. Según la fiscalía, desde ese comercio habría captado potenciales beneficiarios, modificado documentos y cargado solicitudes a través de internet.

A Salazar, exresponsable de la oficina local de ANSES, se le atribuye haber facilitado mecanismos para que personas ajenas al organismo pudieran ingresar documentación al sistema. La investigación busca establecer en qué medida esos accesos habrían sido utilizados dentro de las maniobras denunciadas.

Los pagos habrían llegado hasta $1 millón

La fiscalía también investiga el supuesto cobro de dinero a personas que buscaban acceder o renovar las prestaciones. Los montos señalados en la causa podían superar los $300.000 y, en determinados casos, alcanzar $1 millón, pese a que la tramitación oficial de las pensiones es gratuita.

Según la acusación, algunos solicitantes habrían pedido préstamos o vendido animales y otros bienes para poder afrontar esos pagos. Los investigadores intentan determinar quiénes recibieron el dinero y qué participación tuvo cada imputado en las distintas etapas del trámite.

Respecto de Francisco Gerardo Orellana, el fiscal sostuvo que durante su gestión como intendente de Joaquín V. González, entre 2007 y 2011, habría avalado solicitudes correspondientes a personas que no cumplían con los requisitos. Amad también afirmó que durante períodos electorales se habrían ofrecido pensiones a cambio de votos. Ambos señalamientos forman parte de la hipótesis de la acusación y deberán ser probados judicialmente.

Un informe puso bajo revisión miles de pensiones

Aunque la audiencia estuvo centrada en los hechos investigados en el departamento de Anta, la pesquisa podría alcanzar otros casos. Por pedido de la fiscalía, Gendarmería Nacional elaboró un informe sobre pensiones no contributivas por discapacidad vigentes en la ciudad de Salta.

Según esa evaluación citada por el Ministerio Público Fiscal, alrededor de 9.000 de 39.715 prestaciones analizadas presentarían documentación apócrifa, incompleta o algún incumplimiento de los requisitos establecidos. Esa estimación no significa que todas correspondan necesariamente a delitos ni que estén vinculadas con la organización investigada en Anta.

A partir de esos números, el fiscal estimó un posible impacto económico de $3.240 millones mensuales y cercano a $40.000 millones anuales. El alcance real de cualquier perjuicio al Estado dependerá de la revisión individual de los expedientes y del resultado de la investigación.

La causa se tramita mediante el sistema acusatorio federal, vigente en Salta desde 2019. Bajo ese esquema, el Ministerio Público Fiscal dirige la investigación y el juez de garantías interviene en las medidas que requieren control judicial. Durante el próximo año, la fiscalía deberá continuar reuniendo evidencia para determinar la responsabilidad individual de cada una de las 15 personas imputadas.