La Cámara Federal porteña ratificó por unanimidad el procesamiento de la ex diputada nacional y legisladora electa de la Ciudad de Buenos Aires, Vanina Biasi, por el delito de incitación a la discriminación, a raíz de publicaciones en redes sociales en las que comparó a Israel con el nazismo. Además, quedó firme un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes.

La Sala I, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, avaló la decisión del juez federal Daniel Rafecas. La causa se inició por una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, tras detectar en X ocho publicaciones de Biasi realizadas entre noviembre de 2023 y enero de 2024, que consideró incitaban al odio y la discriminación religiosa.

Entre los mensajes cuestionados se encuentran frases como «los nazis sionistas necesitan destruir la ayuda humanitaria de la UNRWA para que el exterminio se acelere» y «el Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología». En otros posteos, Biasi calificó al Estado de Israel como «fascista» y acusó a sus acciones militares en Gaza de «colonialismo, racismo, exterminio y desplazamiento».

Pruebas y acusaciones

En el expediente figuran como pruebas un dictamen del Centro Simón Wiesenthal, declaraciones de Alejandro Finocchiaro, embajador argentino ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, un informe del Observatorio por la Lucha contra el Antisemitismo de la UBA y presentaciones del Museo del Holocausto de Buenos Aires.

La DAIA, querellante en la causa, sostuvo que las publicaciones reproducían «clásicos estigmas de antisemitismo moderno» y que, por la reiteración y el alcance en redes sociales, sumado a la condición de funcionaria pública de Biasi, amplificaban su impacto negativo.

La defensa y los límites de la libertad de expresión

La defensa de Biasi apeló el procesamiento, alegando que las críticas estaban dirigidas al Estado de Israel y no al pueblo judío, y que la acusación criminaliza la disidencia política. Presentó informes de historiadores y organizaciones de derechos humanos en apoyo a su postura.

Al analizar la apelación, los jueces coincidieron en que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Llorens advirtió que, en el ecosistema digital, los mensajes pueden masificarse y descontextualizarse, perdiendo precisión y alcanzando a públicos con marcos culturales y emocionales diversos.

Bruglia y Bertuzzi consideraron que el lenguaje utilizado banaliza hechos de extrema gravedad para el pueblo judío y excede los márgenes legales de una crítica política legítima. Concluyeron que las expresiones se constituyeron en vehículos de incitación a la discriminación y al odio.

Confirmaron también que el embargo de 10 millones de pesos es proporcional a la causa. Si Rafecas considera cerrada la instrucción, el caso podría pasar a juicio oral, con penas previstas de entre un mes y tres años de prisión.