La Corte Suprema de Justicia volvió a postergar cualquier definición sobre la causa Vialidad, uno de los expedientes más sensibles del escenario judicial y político de la Argentina. En la reunión plenaria celebrada este jueves, los tres jueces actuales del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— no avanzaron en el tratamiento de los recursos de queja presentados por Cristina Kirchner y otros condenados por irregularidades en la obra pública.

El expediente acumula 17 recursos que deben ser resueltos, entre ellos el de la propia expresidenta, quien busca revertir la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La doble condena fue dictada por el Tribunal Oral Federal 2 y ratificada por la Cámara de Casación, en una causa que se remonta a 2016 y que atravesó todas las instancias del sistema judicial.

Una decisión que puede cambiar el mapa político

En el entorno de Kirchner entienden que la Corte podría definir la suerte de su carrera política. Si el tribunal rechaza su recurso de queja, la condena quedará firme. Y aunque por su edad podría solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, la inhabilitación política se activaría automáticamente, impidiéndole competir en futuras elecciones, incluso en cargos provinciales.

Esta definición, que en principio debería ser estrictamente judicial, tiene implicancias de alto impacto en el tablero electoral. El tiempo que demore la Corte en resolver podría condicionar la posibilidad de que la ex presidenta se presente como candidata en 2025 o 2027.

El paso previo: el dictamen del procurador

Antes de resolver, la Corte deberá declarar abstracta la recusación presentada contra Manuel García Mansilla, quien ya renunció al tribunal. Luego, el expediente pasará al procurador interino Eduardo Casal, jefe de los fiscales y fiscal ante la Corte, quien deberá decidir si sostiene el recurso presentado por el fiscal Mario Villar.

Villar reclamó que, además del fraude ya sentenciado, se condene a Kirchner por asociación ilícita y solicitó una pena de 12 años de prisión. Recién después del dictamen de Casal, la Corte estará formalmente en condiciones de fallar.

En Tribunales admiten que no hay plazos ni urgencias. La definición puede tardar semanas, meses o incluso años. Esa dilación se percibe como una herramienta de poder. Mientras el fallo esté pendiente, la expresidenta queda en una zona gris judicial, y los efectos políticos de la condena definitiva —como la inhabilitación— siguen en suspenso.

Un expediente de larga data

La causa Vialidad comenzó en 2016 bajo la instrucción del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. En 2017, la Cámara Federal y luego la Cámara de Casación confirmaron el procesamiento de Kirchner. El juicio oral arrancó en 2019 y terminó en diciembre de 2022, con una condena por fraude a la administración pública.

El TOF 2 condenó a la ex mandataria a seis años de prisión e inhabilitación. La sentencia fue apelada por las defensas y por los fiscales Luciani y Mola. En 2023, la Cámara de Casación ratificó las condenas. Desde entonces, el expediente llegó a la Corte mediante recursos de queja.

A lo largo de estos años, el máximo tribunal ya resolvió 24 recursos de ese expediente. Los últimos fueron en junio de 2022. Hoy, los jueces deben analizar 17 nuevos planteos, entre ellos los más determinantes para el futuro político de la expresidenta.

Una decisión que se demora, pero que será decisiva

Cada semana sin fallo mantiene viva la incertidumbre. Desde el kirchnerismo denuncian dilaciones políticas, mientras que en el Gobierno nacional observan con atención la posibilidad de que se active finalmente la inhabilitación de quien aún es la figura central de la oposición peronista.

En un año con negociaciones políticas en curso y definiciones electorales en el horizonte, la Corte Suprema vuelve a ubicarse en el centro de la escena. Y mientras no se resuelva el expediente Vialidad, el país seguirá pendiente de lo que ocurra en su cuarto piso.