El Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentó ante la Corte de la jueza Loretta Preska para respaldar a la Argentina frente al pedido de sanciones y desacato impulsado por los demandantes en el litigio del juicio por YPF, al advertir que castigar a un Estado extranjero podría afectar la reciprocidad judicial y tener impacto directo en las relaciones exteriores entre ambos países.

En un escrito de 29 páginas, la administración estadounidense planteó que los juicios contra Estados soberanos en tribunales norteamericanos “pueden tener importantes implicancias en materia de política exterior” y condicionar el trato que reciba Washington ante cortes de otras naciones. En ese marco, sostuvo que la moción de los fondos para imponer sanciones por desacato —incluidas multas, inferencias adversas y medidas de preclusión— no se ajusta a los principios de cortesía internacional, reciprocidad ni a la ley de inmunidad soberana (FSIA, por sus siglas en inglés), y pidió que sea rechazada.

El documento también destacó los esfuerzos realizados por la Argentina para cumplir con los requerimientos de discovery, en particular aquellos orientados a obtener comunicaciones de altos funcionarios vinculadas a entidades estatales. Según el Departamento de Justicia, esas exigencias “resultan incompatibles” con las consideraciones que suelen regir en litigios contra Estados soberanos. Desde la Procuración del Tesoro interpretaron el respaldo como una señal de la solidez técnica y jurídica de la estrategia argentina, basada en principios del derecho internacional y en el respeto por las normas sobre inmunidad estatal.

La defensa oficial subrayó, además, que el país participó “de buena fe” del proceso de discovery durante más de dos años, con entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas. En esa línea, sostuvo que, pese al acceso a información, los demandantes no lograron hallar evidencias que sostengan sus acusaciones.

El foco de la disputa: el discovery y el pedido de sanciones

El conflicto actual se concentra en la etapa de intercambio de pruebas. Los beneficiarios del fallo, liderados por Burford Capital, acusan a la Argentina de incumplir órdenes de Preska y solicitaron que se declare al país en desacato, con una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta entregar información requerida. En el planteo se incluyen comunicaciones privadas de funcionarios y detalles sobre activos soberanos.

El pedido se formalizó a comienzos de este año, tras denunciar una supuesta conducta “de mala fe” por parte de la defensa argentina. Burford sostiene que el Estado no cumplió con la entrega de mensajes y correos “off-channel”, como conversaciones de WhatsApp y cuentas de Gmail de exfuncionarios y funcionarios en ejercicio, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro Sergio Massa.

Los demandantes argumentan que la Argentina utilizó tácticas dilatorias para impedir la identificación de activos embargables que permitan ejecutar la sentencia por 16.100 millones de dólares. Además de la multa diaria, solicitaron una orden de preclusión para que el tribunal tenga por probado que organismos como el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF actúan como “alter ego” del Estado, lo que abriría la puerta a embargos sobre sus bienes. Para los fondos, una sanción económica diaria sería la herramienta más efectiva para forzar el cumplimiento de las órdenes judiciales y acelerar el cobro del fallo.