El Gobierno nacional celebró con cautela la audiencia de apelación por el juicio de YPF en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, en el marco de la demanda por la expropiación de la petrolera estatal en 2012. La causa, que lleva más de una década de litigio en Estados Unidos, enfrenta al Estado argentino con el fondo Burford Capital, beneficiario del fallo condenatorio de primera instancia.

“No podría haber salido mejor la audiencia ni estar mejores las condiciones”, afirmaron fuentes oficiales tras la sesión realizada en la Corte Thurgood Marshall. El Gobierno confía en que el tribunal podría revertir total o parcialmente el fallo de la jueza Loretta Preska, que en 2023 condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones, monto que asciende a cerca de USD 18.000 millones con los intereses acumulados.

Según los funcionarios, el debate giró en torno a la jurisdicción del caso, con especial foco en la doctrina del forum non conveniens, es decir, si la causa debió tramitarse en Argentina y no en Estados Unidos. “Pudimos plasmar bien los argumentos y somos muy optimistas, creemos que lo podemos dar vuelta. El mercado también lo interpretó así: las acciones de Burford cayeron hasta 15%, mientras las de YPF se dispararon. Eso habla por sí mismo”, dijo una fuente de la Procuración del Tesoro.

Burford Capital y la respuesta de los demandantes

Desde el fondo litigante advirtieron que las interpretaciones sobre el comportamiento del tribunal “no son un método confiable” para anticipar resultados. En un comunicado, Mike Fragoso, abogado de Burford Capital, sostuvo que “el fallo del tribunal de distrito es sólido” y que “los demandados no presentaron información nueva que pudiera cambiar el rumbo del caso”.

Además, afirmó que la Argentina “sigue intentando eludir las consecuencias de sus propias acciones”, en referencia a la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que —según el bufete— generó “pérdidas por miles de millones de dólares a inversores y acreedores”.

Perspectivas y lectura del mercado

El especialista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, consideró que el resultado fue favorable para la defensa argentina: “El tema de la jurisdicción y la aplicación de la ley local acaparó el 95% de la sesión. Argentina salió muy bien parada si analizamos las preguntas formuladas por los jueces”.

Maril destacó especialmente la intervención del magistrado Denny Chin, quien “puso en duda la decisión de la jueza Preska de utilizar a Nueva York como sede del caso”, lo que habría impulsado la caída en las acciones de Burford Capital y fortalecido la percepción de que el tribunal podría inclinarse por revisar el fallo.

La defensa oficial argentina

En un comunicado difundido horas después, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) aseguró que los abogados del Estado “presentaron los argumentos de la República con claridad, convicción y determinación”. La defensa enfatizó que el tribunal estadounidense debe aplicar correctamente el derecho argentino, dado que la controversia se originó en un acto soberano regido por la legislación local.

El organismo, encabezado por Santiago Castro Videla, remarcó que la causa “se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en ficciones jurídicas de graves consecuencias”. Los subprocuradores Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira representaron a la Argentina en la audiencia y regresarán al país tras el cierre de la jornada.

Un litigio millonario

El Gobierno acusa a Burford de “utilizar los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria”, ya que el fondo habría adquirido los derechos del reclamo por apenas 15 millones de euros y busca ahora un beneficio superior al 37.000%, según la PTN.

Fuentes oficiales calificaron la audiencia como “un punto de inflexión” en la estrategia de defensa argentina, aunque aclararon que la sentencia podría demorar entre siete y nueve meses. “No está garantizado nada —reconocieron—, pero el clima fue favorable. El tribunal escuchó con atención y puso el eje donde debía estar: en la jurisdicción y la aplicación de la ley argentina”.