El Gobierno trabaja sobre un paquete de reformas al Código Penal que busca aumentar las penas para distintas modalidades delictivas y crear nuevas figuras específicas. El borrador contempla cambios para robos cometidos por motochorros, entraderas, salideras bancarias, narcotráfico, cuidacoches ilegales y delitos dentro de cárceles. La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Justicia y todavía debe atravesar la revisión política antes de un eventual envío al Congreso.

El proyecto avanza en paralelo con la discusión sobre una reforma integral del Código Penal, que podría quedar para una etapa posterior. Dentro del oficialismo existen diferencias entre quienes prefieren concentrar todos los cambios en una modificación amplia y quienes impulsan reformas puntuales que puedan tratarse por separado. Karina Milei quedó entre las figuras encargadas de definir los tiempos políticos de esa discusión.

Penas más altas para robos en motos y entraderas

Uno de los principales cambios convierte en agravante el uso de una moto u otro vehículo para facilitar un robo. Según el borrador conocido por Clarín, la pena podría alcanzar los 15 años de prisión. La misma escala se prevé para entraderas y salideras bancarias cuando la víctima sea atacada al ingresar o salir de su vivienda o de una entidad financiera.

El texto también propone una figura específica para quienes cobren por cuidar vehículos en la vía pública sin autorización. La pena máxima sería de tres años y podría subir a seis cuando exista violencia o el hecho ocurra durante eventos masivos. Si participa una organización o se utilizan armas, el máximo previsto llegaría a ocho años.

Las denominadas «viudas negras» también quedarían alcanzadas por un agravante propio. El uso de drogas u otras sustancias para reducir la capacidad de resistencia de una víctima y facilitar un robo podría recibir penas de hasta 12 años. La propuesta busca incorporar de manera expresa una modalidad que actualmente puede quedar comprendida dentro de otras figuras penales.

Cambios en legítima defensa y derechos de las víctimas

Otro de los puntos centrales apunta a modificar la interpretación de la legítima defensa. El borrador establece una presunción favorable para quien se defiende cuando existan dudas sobre si el medio utilizado fue racionalmente necesario frente a una agresión. El mismo criterio alcanzaría a integrantes de las fuerzas de seguridad que utilicen la fuerza reglamentaria ante un peligro grave e inminente para su vida o la de terceros.

También se propone eliminar el requisito de nocturnidad que actualmente aparece en determinados supuestos de legítima defensa dentro de una vivienda. De aprobarse, la protección se aplicaría frente a un ingreso violento independientemente del horario en que ocurra. Cualquier modificación de este tipo deberá ser debatida y aprobada por el Congreso antes de incorporarse al Código Penal.

La iniciativa busca además ampliar la participación de las víctimas dentro del proceso penal. Los jueces deberían escucharlas antes de adoptar determinadas decisiones que puedan afectar el desarrollo de la causa. El Gobierno presenta ese cambio como una forma de otorgarles mayor intervención durante el proceso judicial.

Narcotráfico, cárceles e ingreso irregular al país

El paquete contempla un aumento general de las penas vinculadas con el narcotráfico y propone declarar imprescriptibles los delitos castigados con prisión perpetua. Para otras figuras, el plazo de prescripción pasaría de 12 a 15 años. El alcance final dependerá de la versión que eventualmente llegue al Congreso y de los cambios que puedan introducirse durante el debate legislativo.

Dentro de las cárceles, el proyecto busca convertir en delito el ingreso de teléfonos celulares y establecer penas de hasta tres años de prisión. También plantea castigar con hasta seis años la tenencia de armas blancas de fabricación casera dentro de establecimientos penitenciarios. Otra de las modificaciones previstas sanciona penalmente el ingreso irregular de extranjeros al país.

El paquete todavía se encuentra en etapa de definición y no existe un texto aprobado por el Congreso. Las penas, agravantes y nuevas figuras pueden cambiar antes de que la iniciativa sea formalmente presentada. La discusión también dependerá de si el Gobierno decide avanzar primero con estas reformas puntuales o esperar una modificación integral del Código Penal.