El Gobierno nacional anunció que enviará en los próximos días al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental, con el objetivo de actualizar el sistema y mejorar la respuesta ante situaciones críticas. La iniciativa, anticipada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca corregir limitaciones de la normativa vigente y establecer criterios más claros para la atención de pacientes.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que el proyecto apunta a “proteger a pacientes y terceros” frente a casos que hoy no tienen un encuadre adecuado. Entre los principales ejes, se propone redefinir el concepto de riesgo, enfocándolo en situaciones que impliquen peligro para la vida o la integridad física, y permitir intervenciones más rápidas en contextos de emergencia.

Uno de los cambios centrales está vinculado a las internaciones. Si bien se mantendrán como un recurso excepcional, se habilitará que un psiquiatra pueda indicar una internación involuntaria en casos urgentes, que luego deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas. También se extenderá el tiempo para la notificación judicial.

El proyecto además plantea reemplazar el término “padecimiento mental” por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el objetivo de lograr mayor precisión diagnóstica. A su vez, propone revisar el esquema actual de desmanicomialización, al advertir que el cierre de hospitales psiquiátricos no siempre es viable por falta de infraestructura y recursos.

Otro punto clave es la desigualdad en el acceso a la atención. Según datos oficiales, no todas las provincias aplican de manera uniforme la ley vigente, lo que genera diferencias en servicios, camas de internación y dispositivos disponibles. En ese contexto, se busca fortalecer una red de atención más amplia, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales y dispositivos comunitarios.

La iniciativa también prevé mejorar los sistemas de información para conocer la capacidad instalada y ampliar la participación técnica del Ministerio de Salud en los organismos de control.

La reforma retoma debates que el Gobierno ya había planteado a fines de 2025, impulsados por reclamos de familias, profesionales y sectores vinculados a la salud mental que cuestionan las limitaciones de la ley actual y piden una actualización acorde a la realidad del sistema.