La defensa de Marcio Faria Da Silva, exvicepresidente de Odebrecht y uno de los arrepentidos en Brasil, había solicitado que se declare prescripta la acción penal por el delito de cohecho activo, argumentando que los hechos investigados datan de 2004 y 2006 y que, aun considerando transferencias detectadas hasta 2014, el tiempo transcurrido superaba los plazos legales.

El pedido fue acompañado por otros acusados e incluso contó con el aval del fiscal del caso. Sin embargo, la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el expediente, se opuso con el argumento de que los plazos de prescripción quedaron suspendidos porque varios imputados ocuparon cargos públicos hasta fechas recientes.

La jueza María Eugenia Capuchetti coincidió con esa posición. Recordó que Cristian Folgar continuó en funciones en la Cámara de Diputados, que Julio De Vido percibió su dieta como legislador hasta 2019 y que otros exfuncionarios vinculados a CAMMESA, como Luis Beuret y Julio Bragulat, se desempeñaron hasta 2020 y 2017, respectivamente.

Sobornos millonarios y exfuncionarios en la mira

La causa forma parte de la investigación sobre los sobornos canalizados a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entre 2007 y 2014. Según la propia confesión de la empresa en Brasil, los pagos ilegales vinculados a los gasoductos ascendieron a 25 millones de dólares.

Entre los imputados se encuentran, además de Da Silva, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Energía Daniel Cameron, Bautista Marcheschi, Folgar, Beuret, Bragulat y el empresario Armando Loson.

En paralelo, otro tramo del expediente, elevado a juicio en 2019, acusa a exfuncionarios de haber favorecido a Odebrecht y a CAMMESA en contratos por 2.300 millones de dólares mediante negociaciones incompatibles con la función pública.

Más allá de los gasoductos: AySA y Lava Jato

El escándalo Odebrecht en Argentina no se limita a los gasoductos. Otra causa elevada a juicio investiga las presuntas coimas en la adjudicación de dos obras de AySA en 2007: la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui. Allí también están imputados De Vido, su ex mano derecha Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López, además de ex directivos de la constructora y de la empresa estatal de agua.

El caso local se inserta en la megacausa internacional “Lava Jato”, que destapó la red de sobornos de Odebrecht en más de una docena de países. En Brasil, Da Silva obtuvo beneficios judiciales por su colaboración y declaró en 2017 que incluso había participado de reuniones con el entonces presidente Michel Temer para negociar pagos ilegales vinculados a Petrobras.

Una causa que resiste el paso del tiempo

No es la primera vez que Da Silva busca desvincularse del proceso. En 2023, la Corte Suprema ya había rechazado un recurso extraordinario con el que pretendía cerrar la causa. Antes, el juez Daniel Rafecas, la Cámara Federal y la Cámara de Casación también habían rechazado planteos similares.

Con este nuevo fallo, la investigación por los sobornos en los gasoductos continuará en instrucción. Para la UIF, se trata de un expediente clave para esclarecer el circuito de corrupción que vinculó a empresarios brasileños y exfuncionarios argentinos en uno de los capítulos más resonantes del Lava Jato en la región.