Una nueva investigación por presunto lavado de dinero vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a abrir la discusión sobre qué fuero debe intervenir en las causas que alcanzan a su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. El expediente fue remitido en agosto a los tribunales federales de Comodoro Py y quedó por sorteo en manos de la jueza María Servini, quien deberá decidir si acepta la competencia.

La denuncia analiza un supuesto circuito mediante el cual fondos provenientes del exterior habrían ingresado a financieras del microcentro porteño antes de ser derivados hacia empresas, estudios jurídicos y otros domicilios. La existencia y eventual ilegalidad de esas operaciones todavía forman parte de la investigación y no implican responsabilidades penales determinadas.

El expediente había comenzado en el juzgado Penal Económico encabezado por Diego Amarante, magistrado que intervino también en otra causa contra dirigentes de la AFA por presunta retención indebida de impuestos. Amarante resolvió que la hipótesis de lavado corresponde a la Justicia federal y que, debido a los lugares donde habrían ocurrido los hechos, la investigación debía continuar en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué se investiga en la nueva denuncia

La presentación fue realizada por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostuvo, a partir de información publicada por distintos medios. Y que podría existir un mecanismo para desviar fondos pertenecientes a la AFA procedentes de Estados Unidos y España.

Según la denuncia, el dinero habría atravesado financieras ubicadas en el microcentro porteño y posteriormente habría sido canalizado hacia distintas sociedades y estudios jurídicos. Parte de las operaciones señaladas también tendría como destino un domicilio relacionado con Toviggino.

La causa atravesó desde el comienzo una discusión sobre qué juzgado debía investigarla. Inicialmente, la Fiscalía consideró que correspondía enviarla al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Y donde ya se tramitaba otro expediente por presunto lavado relacionado con una propiedad ubicada en Pilar.

Amarante rechazó esa posibilidad y ordenó continuar con las medidas dentro de su jurisdicción. Más adelante, el fiscal insistió en que ambas investigaciones debían analizarse conjuntamente, mientras el juez de Campana también solicitó la remisión del expediente.

El fallo que modificó la discusión judicial

La situación volvió a cambiar después de una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la causa vinculada con la propiedad de Pilar. El tribunal estableció que las investigaciones por lavado de activos corresponden, como regla general, a la Justicia federal y no al fuero Penal Económico cuando no existe otro delito específico que justifique la intervención de este último.

Ese criterio llevó a Amarante a considerar que tampoco debía continuar con la denuncia presentada por Tofoni. «Respecto del delito de lavado de activos y en ausencia de un delito adicional sometido a la competencia especial de este fuero penal económico, en el ámbito de la Capital Federal resulta incontrovertible la competencia material de la Justicia Criminal y Correccional Federal», sostuvo el magistrado.

También señaló que los hechos denunciados tendrían su principal punto de conexión territorial con la Ciudad de Buenos Aires. El circuito descripto incluye financieras ubicadas en el microcentro y otros domicilios comprendidos dentro de la jurisdicción porteña.

Por ese motivo, el expediente fue enviado a Comodoro Py y quedó asignado mediante sorteo al juzgado de Servini. La magistrada deberá evaluar ahora los antecedentes y resolver si acepta continuar con la investigación o plantea una nueva discusión de competencia.

Varias causas y una definición pendiente

La discusión sobre qué tribunal debe intervenir no se limita a este expediente. Diferentes investigaciones relacionadas con dirigentes de la AFA generaron planteos entre juzgados federales y del fuero Penal Económico. Especialmente en aquellas causas donde aparece como posible delito el lavado de activos.

La resolución de Casación sobre el expediente de Pilar será recurrida por el fiscal Mario Villar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si el máximo tribunal acepta intervenir, su decisión podría establecer un criterio que influya también sobre otros procesos similares.

Mientras tanto, la nueva denuncia contra personas vinculadas con la conducción de la AFA permanecerá en Comodoro Py a la espera de la decisión de Servini. La causa se encuentra en una etapa inicial y deberá determinarse tanto la competencia definitiva como la existencia de las maniobras denunciadas. Así como las eventuales responsabilidades individuales.