La estrategia económica de China en América Latina muestra un cambio de escala y modalidad, con una mayor presencia de contratos locales, adquisición de activos, provisión de equipos y acuerdos de capacitación. Un análisis publicado por Foreign Affairs sostiene que Beijing redujo el protagonismo de los grandes proyectos de infraestructura financiados mediante créditos soberanos y comenzó a priorizar iniciativas de menor tamaño en sectores como seguridad, energía, transporte y minería. Este tipo de operaciones involucra cada vez con mayor frecuencia a gobiernos provinciales y municipales, además de las administraciones nacionales. Para la publicación, el nuevo esquema permite mantener influencia económica y tecnológica con menores costos y una exposición política más limitada.

Los préstamos tradicionales asociados con la Iniciativa de la Franja y la Ruta destinados a la región pasaron de casi USD 25.000 millones en 2010 a un promedio anual cercano a USD 1.300 millones. Sin embargo, las empresas chinas invirtieron alrededor de USD 8.500 millones en América Latina durante 2024, apenas un 10% menos que el año anterior. Parte de esos recursos se canalizó mediante compras de empresas o activos ya existentes, contratos de mantenimiento, ventas de tecnología y programas de cooperación.

Foreign Affairs señala que muchas de esas operaciones tienen menor visibilidad que los antiguos megaproyectos porque no necesariamente aparecen como inversión extranjera directa o endeudamiento soberano. Durante la década pasada, China participó en propuestas de grandes puertos, represas y corredores ferroviarios destinados a ampliar el comercio y garantizar el acceso a materias primas. La nueva orientación privilegia proyectos que Beijing suele definir como «pequeños pero hermosos».

El avance de acuerdos provinciales y municipales

La publicación identifica ejemplos de esta modalidad en distintos países latinoamericanos. Empresas chinas participan en proyectos vinculados con el litio en provincias argentinas, compañías del mismo origen controlan distribuidoras eléctricas que abastecen a Lima y diferentes municipios incorporaron equipamiento de videovigilancia fabricado en China. Estos acuerdos pueden comenzar como operaciones puntuales y posteriormente derivar en relaciones comerciales o institucionales más amplias.

En Jujuy, Foreign Affairs cita como ejemplo una cooperación técnica entre organismos geológicos argentinos y chinos que posteriormente avanzó hacia estudios conjuntos sobre salares. Una compañía china terminó adquiriendo una participación mayoritaria en uno de los proyectos de litio de la provincia. El caso forma parte del crecimiento de la presencia empresarial china en minerales considerados estratégicos para las nuevas cadenas industriales.

La seguridad pública constituye otro de los sectores donde se multiplicaron los acuerdos. En 2025, autoridades de Río de Janeiro firmaron convenios con Hikvision y Dahua para incorporar más de 27.000 cámaras corporales y vehiculares, mientras Ciudad Juárez adquirió 1.000 dispositivos de reconocimiento facial de esas empresas. El análisis también señala que al menos 35 ciudades latinoamericanas utilizan sistemas de vigilancia provenientes de proveedores chinos.

Equipamiento y capacitación para fuerzas de seguridad

La cooperación incluye además vehículos, equipos y programas de formación. Delegaciones de Argentina, Brasil, Cuba y Panamá participaron en actividades de la Universidad de la Policía de Investigación Criminal de China, según los antecedentes recopilados por Foreign Affairs. Beijing también firmó acuerdos bilaterales sobre narcotráfico, ciberdelito y otras áreas de seguridad con distintos gobiernos de la región.

El informe presenta al sistema ECU-911 de Ecuador como uno de los casos más desarrollados de integración tecnológica. El proyecto comenzó en 2011 con un contrato otorgado a la empresa estatal china CEIEC para construir una plataforma de emergencias y vigilancia basada, entre otros componentes, en cámaras de Huawei. La iniciativa recibió financiamiento por USD 240 millones del Banco de Desarrollo de China y posteriormente incorporó nuevas tecnologías y conexiones con redes municipales y privadas.

Con el paso de los años, el sistema ecuatoriano amplió su alcance, aunque también enfrentó problemas de mantenimiento. Para 2022, unas 1.100 de sus 6.500 cámaras estaban fuera de funcionamiento, de acuerdo con los datos citados por la publicación. Foreign Affairs utiliza el caso para plantear que las plataformas integradas pueden generar costos elevados de sustitución cuando utilizan sistemas propietarios, repuestos específicos y asistencia técnica del proveedor.

La dimensión política de los acuerdos

El análisis también examina cómo los vínculos comerciales pueden desarrollarse paralelamente a cambios diplomáticos. Honduras estableció relaciones con Beijing en 2023 después de romper sus vínculos oficiales con Taiwán y, durante los meses siguientes, firmó 17 acuerdos de cooperación con China. Posteriormente, su sistema de emergencias adjudicó un contrato para una plataforma de gestión de video e incorporó 3.500 cámaras de Huawei.

Foreign Affairs interpreta estas relaciones como parte de una estrategia china que combina inversiones, cooperación técnica y vínculos con distintos niveles de gobierno. La publicación advierte que una infraestructura basada durante años en un mismo proveedor puede aumentar el costo económico y operativo de migrar posteriormente hacia otra tecnología. Esa dependencia, según el análisis, puede adquirir relevancia política cuando los servicios involucrados son considerados esenciales.

La presencia mediante acuerdos subnacionales tampoco se limita a América Latina. El artículo menciona plataformas de seguridad desarrolladas con tecnología china en Pakistán y Kenia, además de convenios de formación policial firmados por el Ministerio de Seguridad Pública de China con decenas de países. En América Latina, la tendencia muestra una diversificación desde los grandes préstamos estatales hacia una red de contratos, inversiones y programas de cooperación de menor escala pero distribuidos en una mayor cantidad de sectores y jurisdicciones.