El Gobierno nacional buscó bajarle el tono a la masiva Marcha Federal Universitaria que este martes se realizó Plaza de Mayo y se replicó en distintas ciudades del país para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas. Mientras miles de personas se movilizaban contra el ajuste educativo, desde Casa Rosada calificaron la protesta como una “marcha política” impulsada por sectores opositores.

El presidente Javier Milei siguió la jornada desde la Quinta de Olivos y evitó hacer declaraciones públicas directas sobre la movilización. Sin embargo, durante toda la tarde retuiteó mensajes críticos contra la protesta y respaldó publicaciones alineadas con la postura oficial.

La reacción más contundente del Gobierno llegó a través del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien cuestionó duramente la presencia de dirigentes opositores, sindicalistas y referentes políticos en la manifestación. “Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes, dirigentes sindicales… cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble”, sostuvo el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

Desde Casa Rosada insistieron además en que la protesta fue utilizada políticamente para desgastar al Gobierno nacional. En ese sentido, Álvarez apuntó contra “sectores políticos que quieren instrumentar esto para sus propios fines”.

La administración libertaria también intentó minimizar el alcance de la convocatoria y abrió una fuerte discusión sobre la cantidad de asistentes. Según cifras del Gobierno, participaron unas 135 mil personas en todo el país. El número contrastó con la estimación difundida por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, quien aseguró que la movilización reunió a más de 1.500.000 personas entre todas las provincias.

Además de cuestionar el respaldo de figuras opositoras como Axel Kicillof, Sergio Massa y la CGT, el oficialismo intentó instalar el debate sobre el funcionamiento interno de las universidades nacionales y el uso del presupuesto educativo.

En diálogo con TN, Álvarez sostuvo que el Estado administra cerca de 400 mil millones de pesos destinados a salarios universitarios y afirmó que “se pagan para obtener un resultado que hoy no se está obteniendo”. El subsecretario también puso el foco en la relación entre cantidad de estudiantes y graduados en las universidades públicas. Según planteó, existe una discusión pendiente sobre la cantidad de docentes dentro del sistema universitario. “Por supuesto que los docentes deberían ganar más, pero el presupuesto es finito. Si vos tenés presupuestado 15 docentes y nombrás 25, el día que querés aumentar el sueldo es la misma plata”, afirmó el funcionario.

Consultado sobre si consideraba que “sobraban” profesionales en las universidades, Álvarez respondió: “Es lo que estamos poniendo en la discusión y para eso tenemos que tener indicadores confiables. Hay cerca de 200 mil docentes. Es una discusión que no está saldada”.

Las declaraciones se produjeron en medio de un escenario de fuerte deterioro salarial en el sector universitario. Actualmente, un docente universitario de la categoría más alta y con dedicación exclusiva tiene un salario básico de $1.582.283, sin contemplar antigüedad, especializaciones ni descuentos.

Según distintos informes difundidos durante la jornada de protesta, los salarios universitarios perdieron 33,7% de su poder adquisitivo en los últimos dos años. La caída supera ampliamente el deterioro registrado tanto en el sector público general como en el empleo privado registrado.

Además, estudios elaborados por el Área de Estudios Fiscales y de Políticas Públicas del IIEP UBA-CONICET señalaron que el gasto nacional destinado al programa de Desarrollo de la Educación Superior cayó 28,9% en términos reales entre 2023 y 2025.

De acuerdo con las proyecciones incluidas en el Presupuesto 2026, ese retroceso podría profundizarse hasta alcanzar una caída acumulada del 41,2%. El ajuste impacta tanto en salarios como en gastos de funcionamiento, investigación, infraestructura y becas estudiantiles.

En paralelo, los hospitales universitarios de la UBA denunciaron que todavía no recibieron partidas correspondientes a 2026 y advirtieron que la continuidad de sus prestaciones podría verse afectada. Desde el Gobierno aseguraron que las transferencias para funcionamiento fueron ejecutadas, aunque admitieron que un fondo superior a los $79 mil millones continúa sin distribuirse.