El Ejército Argentino investiga un presunto acceso no autorizado a su base de datos tras recibir un correo electrónico anónimo que aseguraba tener información personal de 50.000 efectivos. La denuncia fue presentada el 8 de mayo ante la División Delitos Informáticos de la Policía Federal y activó los protocolos de ciberseguridad del Gobierno.

La sospecha encendió las alarmas del Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, del de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich, y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que comanda Sergio Neiffert. Todas las áreas con competencia en seguridad informática se encuentran abocadas a determinar si efectivamente se produjo una filtración.

Qué información estaría comprometida

Según fuentes oficiales, los datos comprometidos pertenecerían a legajos administrativos: nombres, documentos, familiares, destinos, condecoraciones y certificados. La mayoría de esa información sería de carácter público, aunque todavía se analizan los alcances concretos de la amenaza. Desde la fuerza aseguran que no se vieron comprometidos los sistemas operativos ni bases estratégicas, y que la capacidad del Ejército no fue afectada.

La advertencia llegó a través de un correo electrónico sin remitente identificado. En el mensaje se afirmaba poseer 50.000 registros vinculados al personal del Ejército. No se adjuntaron pruebas. Tras la denuncia, la información se replicó en redes sociales por cuentas vinculadas a ciberseguridad, como Birmingham Cyber Arms LTD, que publicó en la red X que “TA vende datos de 50.000 militares” y detalló parte del contenido.

El rol de las redes y la Justicia

El mensaje anónimo, combinado con la exposición en redes sociales, motivó la presentación de pruebas en la causa judicial, que se tramita en el fuero federal. El Ejército adelantó que ampliará la denuncia con nuevos elementos.

En tanto, las autoridades reiteraron que no se registró ninguna vulneración de sistemas críticos ni plataformas de comunicaciones internas. Y que el caso se centra en legajos de índole administrativa, sin acceso a información clasificada.

El episodio reflota el debate sobre la ciberseguridad de las Fuerzas Armadas en un contexto regional cada vez más sensible. Por el momento, la investigación continúa y se aguarda por peritajes técnicos que permitan determinar el origen y la veracidad del supuesto hackeo.