La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, busca asumir la investigación sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, en una disputa judicial con su par María Servini, quien actualmente lleva adelante el caso en Comodoro Py. En una resolución reciente, la magistrada sostuvo que el mensaje en la red social X publicado por el presidente Javier Milei otorgó «apoyo, publicidad y visos de credibilidad» al criptoactivo, y argumentó que el tuit fue emitido desde la Quinta de Olivos, lo que justificaría su competencia en la causa.

El fiscal federal Eduardo Taiano investiga los hechos desde el 20 de febrero, analizando si las acciones del mandatario y otros involucrados pueden encuadrarse en delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. La causa comenzó con la denuncia de Claudio Lozano el 17 de febrero, quien alertó sobre la creación, lanzamiento y promoción de la memecoin $LIBRA, señalando que su valor inicial de U$S0,01 se disparó hasta casi U$S5 tras el tuit de Milei, generando pérdidas millonarias a más de 40.000 inversores cuando el token colapsó.

Detalles de nuevas denuncias

En paralelo, Arroyo Salgado recibió una denuncia presentada por el abogado Juan Ricardo Mussa, quien argumentó que el mensaje de Milei fue publicado desde Olivos. El fiscal de San Isidro, Federico Iuspa, reconoció que el posteo presidencial pudo emitirse desde la residencia oficial. Sin embargo, advirtió que la maniobra era más compleja y no se limitaba a la publicación en redes sociales.

En su resolución, la jueza insistió en que la publicación del tuit desde la cuenta oficial del Presidente fue determinante para otorgarle credibilidad al activo digital. Por ello, solicitó que la investigación pase a su jurisdicción y que Comodoro Py deje de intervenir en la causa. Ahora, la Cámara Federal de San Martín deberá decidir si ratifica su competencia o si la causa sigue en la Justicia porteña.

Los hechos en investigación

El escándalo de $LIBRA involucra a varias empresas extranjeras, como Kip Network, representada por Julian Peh, y Kelsier Ventures, liderada por Hayden Mark Davis. Ambas habrían participado en el desarrollo y promoción del token. En Argentina, Kip Network tendría representación a través de Kip Protocol, empresa vinculada a Mauricio Gaspar Novelli.

Arroyo Salgado aceptó a Martín Romeo, especialista en criptomonedas, como querellante. Romeo relató que, tras el mensaje de Milei en X, recibió múltiples consultas sobre la fiabilidad del token. En un principio, recomendó precaución ante la posibilidad de un hackeo, pero posteriormente verificó con Bloomberg que la publicación era legítima.

Basándose en esa confirmación, invirtió en $LIBRA siguiendo una estrategia de Dollar-Cost Averaging. Sin embargo, en pocas horas, la criptomoneda perdió más de 20 veces su valor debido a una extracción masiva de fondos por parte de sus desarrolladores, lo que derivó en la pérdida del 75% de su capital.

La disputa judicial entre Servini y Arroyo Salgado

Mientras que Arroyo Salgado insiste en que la causa debe tramitarse en San Isidro por haberse originado en Olivos, Servini sigue adelante con la investigación en Comodoro Py. La jueza porteña ya ha recibido más de 112 denuncias relacionadas con el caso y delegó la pesquisa en el fiscal Taiano.

Servini rechazó previamente el pedido de Romeo para ser querellante, argumentando que aún no se ha determinado si la caída de $LIBRA fue producto de un delito o simplemente una consecuencia de la volatilidad del mercado. Sin embargo, el especialista en criptomonedas recurrió esa decisión ante la Cámara Federal porteña, que ahora deberá resolver si le otorga ese estatus.

La causa involucra no solo al Presidente y su círculo cercano, sino también a empresarios del sector cripto y a consultores que habrían promovido $LIBRA. Entre ellos se encuentran Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, quienes habrían facilitado el contacto entre los desarrolladores de la criptomoneda y el gobierno.

En el escrito presentado ante la Justicia, Romeo y su equipo legal exigen que se investigue a Milei. También a su hermana Karina, al vocero presidencial Manuel Adorni y al exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Daniel Morales. La denuncia menciona posibles delitos de fraude, cohecho y abuso de autoridad, entre otras figuras del Código Penal.