A partir del 1° de abril comenzó a regir en todo el país el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, una medida que obliga a los comercios a informar en sus tickets y facturas cuánto representan los impuestos indirectos nacionales, en especial el IVA, dentro del precio final. Pero el Gobierno ya trabaja en una segunda etapa: la incorporación de nuevos tributos y una campaña para que las provincias se sumen.

Por ahora, el régimen exige a grandes cadenas comerciales que desglosen el IVA y otros gravámenes indirectos. Algunas estaciones de servicio también detallan el impuesto a los combustibles y al dióxido de carbono, aunque aún quedan fuera otros tributos nacionales como el impuesto al cheque, aranceles a la importación y ciertas cargas indirectas. Para incorporarlos se requiere una nueva reglamentación que, según confirmaron fuentes oficiales, ya está en desarrollo dentro del equipo económico.

La ley 27.743, que dio origen al régimen, invita a las provincias a adherir voluntariamente. Pero a casi un año de su sanción, sólo una provincia lo hizo: Chubut, que aprobó la adhesión en abril, aunque aún no implementó el sistema por falta de reglamentación local.

Las provincias no avanzan

Además de Chubut, otras jurisdicciones como Entre Ríos, Misiones, Mendoza, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires manifestaron su intención de sumarse. En Entre Ríos, un proyecto presentado por el oficialismo ya obtuvo media sanción. En Córdoba, la administración provincial emitió una resolución preparatoria, aunque no formalizó su adhesión. El resto de las provincias no respondió los pedidos formales de adhesión.

Para los promotores de la medida, como el titular de la ONG Lógica, Matías Olivera Vila, la falta de visibilidad sobre la carga impositiva fue funcional a décadas de presión fiscal sin control ciudadano. «Esto no altera las autonomías provinciales ni modifica el sistema tributario, se trata simplemente de información al consumidor», aclaró el directivo.

Cumplimiento parcial y nuevas exigencias

Actualmente, los grandes supermercados y estaciones de servicio cumplen con la norma, pero entre los comercios medianos y pequeños persisten dificultades. Los monotributistas, en tanto, están excluidos del régimen. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es la encargada de fiscalizar el cumplimiento y puede imponer sanciones, como clausuras de entre 2 y 6 días por infracciones.

Desde abril, los comercios también deben exhibir los impuestos en los precios visibles en góndolas y publicidades, tanto en locales físicos como tiendas virtuales. Para ello, fue clave la adaptación de los sistemas de facturación electrónica, como el Facturador Móvil y Comprobantes en Línea, aunque aún hay demoras en su implementación plena.

Una nueva etapa en desarrollo

La segunda etapa del régimen contempla sumar tributos como el impuesto al cheque y los aranceles aduaneros. Para eso, se necesita calcular su incidencia específica sobre los bienes y servicios, lo que implicará un nuevo esquema técnico y normativo en el que ya trabaja el Ejecutivo nacional.

La campaña para sumar provincias se intensificará después del 8 de julio, cuando se cumpla un año desde la sanción de la ley. Por ahora, el ritmo es lento: apenas una provincia por mes. Desde Lógica no descartan visibilizar públicamente la falta de avances si no hay respuestas legislativas.

El objetivo de fondo del régimen es claro: que los consumidores tomen conciencia real del peso de los impuestos en los precios que pagan. Mientras tanto, la implementación avanza de forma desigual, y la presión para ampliar su alcance seguirá creciendo.