La litigiosidad por accidentes laborales alcanzó cifras récord en lo que va del año. En solo seis meses se iniciaron más de 60.000 juicios y la proyección para 2025 supera las 130.000 causas. El fenómeno no solo compromete al sistema de riesgos del trabajo, sino que genera un fuerte impacto en la economía real.

De acuerdo con datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en junio se registraron 10.947 nuevos juicios. La Provincia de Buenos Aires concentra cerca del 40% del total, mientras que Santa Fe exhibió un aumento interanual del 28%, muy por encima del promedio nacional.

Uno de los principales problemas radica en la ausencia de Cuerpos Médicos Forenses en la mayoría de las provincias. Esto obliga a recurrir a peritos particulares que cobran en función del porcentaje de incapacidad asignado, lo que, según las aseguradoras, genera un circuito de incentivos perversos.

Las pericias determinan, en promedio, 12,5 puntos más de incapacidad que lo establecido por la normativa oficial. A ello se suma la aplicación de tasas judiciales elevadas, que transforman muchos juicios en verdaderas apuestas financieras con retorno asegurado.

Estadísticas actualizadas

Actualmente, el stock de juicios en curso supera los 290.000 casos. El 88% de ellos corresponde a trabajadores sin incapacidad reconocida y el 60% fue iniciado fuera del plazo legal. Desde el sector aseguran que esto provoca un colapso en los tribunales, encarece el seguro y desalienta la contratación de empleo formal.

El costo promedio del seguro representa el 2,77% de la nómina salarial. Aunque ha aumentado en el último año, no lo ha hecho al ritmo de la litigiosidad. Según la presidenta de la UART, Mara Bettiol, «ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización».

Santa Fe, que recientemente llamó a concurso para crear su propio cuerpo médico forense, se suma a las experiencias de Salta, Río Negro y Mendoza, donde se han logrado avances concretos para reducir el volumen de causas. En esos distritos, los niveles de litigiosidad son significativamente menores.

La comparación internacional refuerza el diagnóstico. Argentina tiene una tasa de judicialización 21 veces mayor que la de Chile y 15 veces más alta que la de España, pese a tener niveles similares de siniestralidad y prestaciones más amplias. Si aplicara los estándares chilenos, solo debería registrar unos 5.600 juicios por año.

Desde la implementación del sistema de riesgos del trabajo, la mortalidad laboral se redujo un 81%, los accidentes bajaron un 55% y la gravedad descendió un 39%. Sin embargo, la judicialización excesiva genera un costo económico enorme para el sector privado. Según la UART, equivale a más de 6,8 millones de salarios mínimos anuales, lo que agrava el llamado «costo argentino» y limita la posibilidad de generar empleo registrado.