El sistema de riesgos del trabajo, que protege a más de 10 millones de trabajadores y un millón de empleadores en la Argentina, atraviesa un momento crítico. Pese a haber reducido en un 81% la mortalidad laboral y un 55% la siniestralidad desde su implementación, hoy su continuidad está en riesgo por un factor externo: la explosión de juicios.

Según proyecciones, en 2025 se iniciarán más de 132.000 demandas, un número que multiplica por 15 la litigiosidad de España y por 21 la de Chile. Lo más alarmante es que un 88% de estos casos ya había sido evaluado por las Comisiones Médicas como sin incapacidad, pero terminan con condenas judiciales donde se reconocen, en promedio, 12 puntos de incapacidad.

Un problema judicial, no médico

El eje del conflicto no está en el funcionamiento médico del sistema, sino en el mecanismo judicial de determinación del daño. En la mayoría de las provincias, esa evaluación queda en manos de peritos médicos de lista, auxiliares judiciales que no están sujetos a control técnico ni jerárquico.

Muchos de estos peritos utilizan escalas ajenas al baremo legal obligatorio, lo que genera fallos contradictorios y porcentajes de incapacidad inflados. Además, su remuneración está atada al monto de la sentencia, lo que implica un incentivo perverso: cuanto más incapacidad dictaminan, más cobran. Esto fomenta una litigiosidad artificial que desnaturaliza el objetivo del sistema: reparar y prevenir.

La solución ya existe, pero no se aplica

La ley 27.348 estableció una respuesta concreta: la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) en cada jurisdicción adherida. Estos cuerpos deben estar integrados por peritos seleccionados por concurso, con sueldo fijo, independencia técnica y obligación de aplicar el baremo legal.

Sin embargo, hasta ahora solo Mendoza lo implementó, y de manera parcial. En el resto del país, la determinación del daño queda sujeta a la discrecionalidad de cada perito. Esto vulnera la seguridad jurídica, encarece los juicios y dificulta el desarrollo de un mercado laboral competitivo.

Litigiosidad, inflación judicial y desequilibrios

A esta situación se suma otro problema: la desactualización de los mecanismos para calcular créditos laborales. La Corte Suprema, en fallos como García, Oliva y Lacuadra, estableció criterios que prohíben la indexación y la capitalización de intereses, pero muchos tribunales siguen sin adecuarse, lo que distorsiona aún más el sistema e incentiva el litigio por vía económica.

Un sistema eficaz, pero asediado

El sistema de riesgos del trabajo argentino es más generoso que los de Chile o España: cubre el 100% del salario durante la baja laboral y no impone umbrales mínimos de incapacidad para acceder a la reparación. Aun así, enfrenta una presión judicial desbordante que compromete su equilibrio.

Expertos insisten en que no hacen falta nuevas leyes, sino voluntad política para aplicar las que ya existen. La implementación urgente de los CMF, el fin de los incentivos perversos y la revisión del cálculo de créditos son pasos indispensables para preservar un esquema que salva vidas, evita accidentes y sostiene al empleo formal.